A menos de 20 días de que se termine el estado de excepción impuesto en las cárceles del país, las muertes y los tiroteos no se han detenido, una clara muestra de que el control no fue retomado y que el objetivo por el cual se tomó esta decisión no ha sido alcanzado.

De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 210, del 29 de septiembre de 2021, el fin de la medida es “controlar las circunstancias, restablecer la convivencia pacífica y el normal funcionamiento” de los centros de reclusión para precautelar los derechos de los privados de libertad, agentes penitenciarios y Policía Nacional. Lo cierto es que después de esa medida, hasta el corte del 9 de noviembre, se han contabilizado 19 muertes violentas en las cárceles del país, según los datos de la Policía Nacional.

Esto sin incluir los 11 cadáveres encontrados entre el 14 y 23 de octubre, casos calificados por el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) como “ahorcamiento y suicidio colectivo”, fallecimientos que no son considerados muertes violentas.

Este Diario solicitó el detalle de las acciones emprendidas por la entidad durante el estado de excepción y los resultados logrados, pero hasta el cierre de esta edición no emitió respuesta alguna al requerimiento.

No obstante, el director del SNAI, Bolívar Garzón, señaló que “todo puede pasar” dentro de las cárceles del país y que “es muy difícil llegar a donde están (los reos)”. Aquella descripción coincide con lo registrado en el informe de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, que detalló que no fue posible ingresar a constatar las condiciones de vida de los internos, porque ellos tenían las llaves y control de los pabellones. Y que los militares y policías no podían custodiarles ni acompañarles a la inspección que realizaron en la Cárcel Regional 1 y en la Penitenciaría del Guayas el pasado 4 de octubre.

El informe fue aprobado y entregado a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, quien dispondrá la fecha para su debate en el pleno.

A la propuesta inicial se agregaron dos recomendaciones hacia la Contraloría para que ejecute los procesos de control sobre los actos y contratos, y a la Fiscalía para que inicie las investigaciones que considere pertinentes. De esta forma se emiten 76 recomendaciones para atender y enfrentar la crisis carcelaria.

El informe cuestiona duramente la inmovilidad del Estado, a través de sus diferentes instituciones, para realizar acciones que parten desde cumplir sus funciones o el simple levantamiento de información.

En el documento se señala que no solo se trata de falta de recursos, sino de voluntad política de los servidores públicos de distintas instituciones para cumplir con su respectivo rol. Por ejemplo, que los delegados de la Defensoría Pública no cumplían con su jornada al interior de las cárceles, limitando así el acceso a una “justicia oportuna”.

El texto reconoce que no es posible responsabilizar al primer mandatario por la crisis total del actual sistema penitenciario, pero indica que es el encargado de “definir las directrices de la administración pública; liderar su organización con la creación, fusión o eliminación de entidades; dar continuidad o no a las políticas públicas existentes; nombrar a sus ministros o delegados y establecer hojas de ruta conforme señala la Corte Constitucional”, más aún cuando ya se habían emitido alertas desde 2019.

Además “lamenta” que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) no haya entregado la información relacionada a la inseguridad ciudadana, sistema de rehabilitación social, crimen organizado, narcotráfico y las respectivas acciones ejecutadas desde mayo de 2021, bajo el escudo de ser “documentación clasificada”.

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Controles tras la muerte de un reo

Nueve horas duró un operativo de requisa en la penitenciaría del litoral y no se encontró una sola arma, acción que se ejecutó este martes tras confirmar la muerte de un privado de libertad el lunes 8 de noviembre en medio de un tiroteo. Las autoridades solo emitieron un tuit por la mañana sin dar mayores detalles de lo sucedido. Se conoció que el fallecido era Orlando Almeida Zambrano de 34 años de edad, encerrado por el delito de robo.

La acción se realizó en los pabellones 12, 10, 8, 7, 2 y el denominado consular donde se encuentran los privados de libertad extranjeros. No se detalló tampoco el número de celulares, municiones, explosivos caseros, armas cortopunzantes y dosis de droga incautadas.