A inicios de enero, alguien preguntaba en Twitter: ¿De dónde sacan los bancos el número del celular de una persona que no es su cliente para llamarlo? ¿Quién le provee esos datos? ¿Son gratis o se compran?

La misma inquietud tiene en estos días Jean Paúl Ross. Pero este ecuatoriano, actualmente desempleado y manejando su carro particular por las calles de Guayaquil en la modalidad de taxi informal, amplía la pregunta. ¿Cómo una seudoempresa de viajes, asociada supuestamente con una determinada tarjeta de crédito, obtuvo su número para hablarle de una oferta de viaje a Miami, que pudo seducirlo si no fuera porque, sin trabajo como está, apenas le alcanza para cumplir con sus obligaciones en casa?

En algún momento de la mencionada llamada, Jean Paúl recuerda que dio una respuesta afirmativa. “Me dieron los primeros dígitos de una tarjeta y me preguntaron si era la mía, les dije que sí”. Fue suficiente, al cabo de minutos le llegó a su teléfono la alerta del banco en el que le preguntaba si él había hecho una compra con recargo a su cuenta. Les dijo que no y apenas pudo se acercó al banco a solicitar el bloqueo de la tarjeta. Pero ya era tarde. Se había hecho una transferencia de 399 dólares a la Tyrex Rent a Car, con sede 3974 Northwest South River Dr -Miami Fl, 33142, por el alquiler de un taxi que él nunca tomó.

Al igual que la persona antes mencionada, Jean Paúl también se pregunta: ¿Acaso no existe protección alguna de datos en el Ecuador?

Pues no la hay. Así lo corrobora un informe reciente preparado por la Policía Nacional relacionado precisamente con los delitos informáticos en Ecuador. “No existe una normativa que proteja los datos personales”. Los usuarios, desprevenidos, publican información personal en redes sociales, menciona este documento, que asevera que en el 2019 se presentó la mayor cantidad de denuncias relacionadas con los delitos informáticos. Solo ese año se receptaron 10.279; 708 más que el 2018.

Lenín Hurtado, un abogado guayaquileño especializado en temas legales relacionados con este ámbito, reitera lo que aduce la Policía Nacional. “Lo que existe es un proyecto de ley de protección de datos personales que fue presentado en septiembre de 2019”.

Hurtado también menciona el art. 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero este relacionado con el derecho a la intimidad personal y familiar. Pero no menciona ese tipo de estafa que se camufla en los cientos de llamadas a los usuarios de líneas telefónicas celulares que mencionan la oferta de un viaje, un crédito aprobado, la oferta para adquirir un vehículo sin entrada. Algunas tienen un mismo perfil introductorio: “El motivo de mi llamada es para verificar si Ud. recibió la invitación internacional a los EE. UU. Esta invitación se hace una vez al año a los mejores tarjetahabientes del país. Ud. ha salido seleccionado...”.

Quien no se toma en serio y con los cuidados necesarios este tipo de llamadas puede caer en el engaño, como le sucedió a Jean Paúl. ¿Cuántas denuncias de este tipo hay? EXPRESO solicitó información sobre esto a la Superintendencia de Bancos y no obtuvo respuesta. Un vocero de la Asociación de Bancos Privados afirmó que ellos trabajan con las cifras que los bancos reportan a la Super de Bancos, y en esta información no aparecen registros de este tipo de denuncias.

Ante esto es que Hurtado considera importante el mecanismo que configura la propuesta de ley que se denomina sistema de exclusión publicitaria. “Consiste precisamente en que los usuarios podemos ir a una especie de agencia que maneje una base de datos de aquellos que no queremos que se nos ofrezcan productos o servicios de ninguna naturaleza o de algún tipo específico de servicio”. El proyecto está en análisis en la Asamblea.

Este abogado también aclara la manera en la que muchas veces la información personal se vuelve un bien que se comercializa libremente en las redes sociales. “Pocas personas tienen conciencia de la información que colocan en las redes sociales, en la que brindan en las llamadas telefónicas o en correos electrónicos”. Alega que darse de alta en las cuentas de las redes sociales tiene su costo, aunque aparentemente no lo tenga: “Pagamos con la información que colocamos en nuestros perfiles: números de cédulas, dirección, nombres completos, números telefónicos, correos electrónicos”.

Además, están quienes realizan lo que se llama minería de datos. Se apropian de una gran cantidad de información que se puede recopilar de diferentes fuentes y van extrayendo la que les puede servir para obtener beneficios económicos. Entregan esa información al mejor postor. “Ahí está la razón por la que tantas personas tienen información de la que nosotros ni nos enteramos”, insiste Hurtado.