Sin acciones decididas, no hay normativa que se sostenga. La Ley de Protección de Datos que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, el jueves pasado, sería apenas una herramienta pero no la panacea para evitar una nueva fuga masiva de datos, como la revelada a inicios de esta semana.

En eso coinciden tres expertos consultados por EXPRESO quienes consideran que si toda la carga de la denuncia por el mal tratamiento de información personal se deja únicamente en los ciudadanos y las autoridades no persiguen a quienes comercializan las bases de datos, la ley correrá la misma suerte que otras que ya existen sobre esta temática.

Según el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, una vez que se apruebe y entre en vigencia la normativa, todas los registros de datos que existen en la actualidad quedarían sin vigencia porque necesitarán la autorización del titular de la información. Esa misma lógica se aplicaría para quienes comercializan los datos de forma ilegal.

Andrés Oquendo, especialista en Análisis de Datos, no es tan optimista de que esa suerte de ‘borrón y cuenta nueva’ opere si se llega a aprobar la norma. “Siento que, tal como está planteada la ley, si el ciudadano no hace un reclamo formal y sigue todo el proceso no habrá efectos importantes como ya sucede en otros casos”.

Lorena Naranjo, que dirige la Dirección Nacional de Registro de Datos (Dinardap) y trabajó en el anteproyecto, reconoció que, para que entre en plena vigencia la normativa, incluyendo su régimen sancionatorio, pasará un tiempo hasta que la ciudadanía conozca el texto, que es complejao, y su utilidad.

El periodista y activista de la protección de datos personales, Diego Cazar, toma con optimismo que exista al menos un marco legal sobre este tema, pero cree que es muy temprano para pensar que ahí se encontrarán todas las respuestas a las invasiones a la privacidad.

“Esto apenas comienza. Lo que va a marcar a la ley es definir bien cómo van a actuar las entidades públicas para ejercer esa protección de datos y no incidir en el mal uso de estos, por ejemplo, por intereses políticos. Se debe buscar una garantía de que quienes van a proteger esos datos tengan ética”, señaló Cazar.

El abogado, especialista en Telecomunicaciones, Juan Carlos Solines participó en la elaboración del anteproyecto de la Dinardap. Le dijo a EXPRESO que aunque hay cambios en el proyecto que se presentó a la Asamblea, se mantiene el espíritu. “Hay dos factores que definirán el éxito o el fracaso de la propuesta. El primero va por el lado de los ciudadanos, que deberán conocer y ejercer los derechos que ahí se establecen. Pero si no hay un factor de exigibilidad de cumplir la ley, no irá a ninguna parte”.

El proyecto será tratado como prioritario, según el presidente del Legislativo, César Litardo, pese a que aún hay en cola otro cuerpos legales.

Para saber

Olvido digital

La norma abre la puerta para que los ciudadanos pidan la supresión de sus datos tratados en el entorno digital, salvo en casos expresos.

Educación

La Ley establece el derecho de los ciudadanos a acceder al estudio de las tecnologías sobre protección de datos.

Tutelaje

El acceso a la información de los menores de edad será posible solo con la autorización del representante legal.