La organización no gubernamental Fundamedios, presentó ante la Asamblea el proyecto de nueva Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, que tiene como objetivo promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública en su más amplia aplicación, señalo su director César Ricaurte, durante su entrega al Grupo Multipartidista por la Transparencia de la Legislatura.

En su presentación, dijo que la propuesta además busca establecer las excepciones a la publicidad de la información, y fomentar la transparencia en el marco de la Constitución y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado conforme la doctrina del bloque de constitucionalidad.

El proyecto de Ley  se sustenta en cuatro principios: supremacía del interés público, gratuidad, no regresión d ella información y máxima publicidad.

“Este es un estudio comparativo de la legislación en Américalatina en acceso a la información en cooperación con el programa TrustLaw de la Fundación Thompson Reuters , el apoyo de expertos internacionales, más el fundamento del proyecto es Ley Modelo 2.0 de la Organización de Estados Americanos (OEA), que busca pasar a un tema de formatos de datos abiertos, para que se convierta en una herramienta de Gobierno abierto””, dijo Ricaurte a EXPRESO.

Explicó que el proyecto se ha presentado ante grupo parlamentario, conformado por 16 asambleístas, quienes lo auspiciaran, y con quienes trabajara conjuntamente en el procesos de aprobación de la nueva Ley de Acceso a la Información Pública.

Los sujetos que están obligados a a su cumplimiento son: los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y, las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.

Además, las empresas públicas constituidas por el Estado para la gestión de sectores estratégicos, prestación de servicios públicos, aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas; las sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal, fideicomisos, empresas de economía mixta y todas aquellas otras empresas en las que el Estado tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias; y, las organizaciones políticas, sindicatos, universidades, organizaciones sociales y cualquier persona jurídica de derecho privado que maneje recursos públicos y tenga finalidad de gestión pública, referente a los mismos.

Crea la Superintendencia de de Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales, que será un órgano especializado, independiente e imparcial, con personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera, perteneciente a la Función de Transparencia y Control Social. La entidad garantizará el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales conforme a lo establecido en la Constitución, e instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la Ley de Protección de Datos, esta Ley y la normativa vigente.

Entre sus competencias están: fiscalizar, emitir criterios de ponderación, monitoreo y vigilancia; ejecución de sanciones; y, promoción y capacitaciones.

Habrá multas que van de 1 a 20 salarios básicos unificados (SBU), considerando reincidencia, gravedad de la falta y el daño causado.