No son diez ni veinte, sino centenares de carteles, muchos de ellos con el mismo diseño gráfico y advierten que están organizados para contrarrestar a la delincuencia.

Son de color rojo con blanco y están colocados sobre las casas esquineras de los barrios de Cuenca, incluso donde se ubican los locales comerciales, casco histórico de la capital azuaya. “Ladrón cogido, ladrón quemado o ladrón linchado”, es el mensaje escrito en la mayoría de los avisos, con letras grandes para que puedan ser leídas con facilidad.

La advertencia es una de las herramientas disuasivas que utilizan los morlacos ante la eventual presencia de delincuentes y extorsionadores en sus jurisdicciones. La alerta ha sido cumplida, hasta la fecha, contando 20 linchamientos de presuntos malhechores: ocho en Challuabamba, seis en el Carmen de Guzho y seis en Ricaurte, cuatro de ellos muy cerca de ser incinerados, de no ser por la actuación de la Policía.

Se trata de mecanismos encaminados a frenar la inseguridad y la delincuencia, aunque la capital azuaya sigue siendo una urbe confiable y segura, con registro de hechos delictivos y muertes violentas mínimas en comparación a otras ciudades del país, pero la percepción de riesgo y peligro sobreviene tras situaciones que se reportan desde otras jurisdicciones, sostiene Carlos Jara, dirigente de uno de los barrios cuencanos.

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Cuenta el líder que los barrios de las 15 parroquias urbanas y 21 rurales están constituidas en un solo núcleo para reaccionar de manera inmediata ante la alerta de presencia de delincuentes. Se han colocado, relata Jara, cámaras de videovigilancia particulares en sitios estratégicos de cada jurisdicción barrial y que son monitoreadas por los vecinos para alertar a la barriada a través de las redes sociales internas sobre algún peligro.

Tras la alerta, se comunica y se pide la colaboración de la Policía, precisa el dirigente tras destacar que, por medio de charlas y conversatorios, los vecinos han recibido formación táctica y doméstica para actuar en casos necesarios y no caer en excesos.

Con un mejor método, en dos de las 21 parroquias rurales, El Valle -la más grande de la urbe y ubicada al sureste de la ciudad- y Sayausí en el norte de Cuenca han montado su sistema propio de videovigilancia. Son dos centrales de monitoreo con cámaras de seguridad, conectadas al Sistema Integrado de Seguridad ECU-911.

Se realiza ahí el control de entradas y salidas de sus territorios para, en caso urgente, solicitar la movilización de los vecinos en defensa de sus bienes.

Para el sociólogo Marco Salamea, se trata de un organización colectiva que nace de la desesperación masiva de cara a la inseguridad, donde el Estado ha perdido la capacidad y el deber de dotar, como señala el mandato constitucional, de seguridad, paz y tranquilidad a la ciudadanía. 

“Acciones comprensibles de la ciudadanía”, dice Salamea, pero la situación podría degenerar en la mal llamada “justicia por mano propia”, la que no es deseable, sostiene, pues se trataría de una “venganza por mano propia” contra los presuntos delincuentes, es decir caer en un delito, prevalecidos en evitar otro delito, como por ejemplo el robo. 

“El acceso a ambientes seguros y a una justicia independiente son derechos ciudadanos privativos del Estado, pero este estamento ha fallado y ha sido la colectividad que, en medio de la desesperación, tome acciones por su propia cuenta”, concluyó Marco Salamea.   

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