Van por la tercera, pero tampoco hay garantías de que sea la vencida. Aunque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se acerca a 13 años de existencia, todavía no se da en el clavo con el mecanismo de conformación que le dé estabilidad institucional.

Se ha probado de todo, recuerda el abogado y académico Esteban Ron. El primer pleno fue escogido en 2010, con un concurso de méritos y oposición a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE). La premisa: que los aspirantes no sean militantes de partidos políticos.

Esa conformación fue la única que completó el período. Su cercanía y funcionalidad al Gobierno de turno hizo que instancias como la Asamblea, también dominada por el oficialismo, jamás cuestione sus actuaciones.

Las cosas cambiaron con el segundo pleno que fue cesado en 2018, tras una consulta popular impulsada por el entonces presidente Lenín Moreno y relevado por uno de transición que no escapó a las críticas y acusaciones de responder al Gobierno de turno.

A partir de ahí se propuso el nuevo mecanismo de selección, a través del voto popular, con el que se esperaba alejar la influencia de la política del CPCCS y darle más estabilidad, pero el ‘experimento’ salió mal.

Desde 2019, nueve consejeros de Participación electos fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional. Los primeros, Carlos Tuárez, Rosa Chalá y los actuales asambleístas correístas Victoria Desintonio y Walter Gómez.

Luego, el turno fue de Christian Cruz, lo que le permitió ascender a la presidencia del CPCCS a Sofía Almeida, que es relacionada con el Partido Social Cristiano, y el viernes pasado fueron destituidos Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo, a quienes los acusan de favorecer al actual Ejecutivo.

“Se está agotando la última vía de designación de los cuerpos colegiados de la administración pública”, le dijo Ron a EXPRESO. Se refiere a la nueva propuesta de conformación del CPCCS que el presidente Guillermo Lasso plantea en la consulta popular que se podría desarrollar en las elecciones seccionales de febrero de 2023.

Si se aprueba, ya no sería el CNE ni el voto popular el que permita estructurar en el futuro al Consejo de Participación, sino que lo haría la Asamblea, con 71 votos de entre una lista de 20 candidatos remitidos por una comisión técnica de selección.

Mantiene la prohibición de que sean militantes de alguna agrupación política, al menos, en los últimos cinco años, aunque eso no garantiza que luego broten las simpatías partidistas.