En el quinto piso de la Corte Nacional de Justicia se reunieron las autoridades de la Función Judicial y de Seguridad del Ejecutivo. El objetivo del encuentro fue analizar las últimas decisiones en materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado y propuestas de la Mesa Interinstitucional. Es la primera reunión en la que participan los 14 jueces anticorrupción. Hubo compromisos para brindar mayor seguridad a los jueces. 

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, informó los avances y propuestas. Señaló que “no es posible un crimen organizado y un Estado desorganizado. Por eso planteamos trabajar de forma conjunta de acuerdo a cada atribución institucional". Saquicela señaló que hará llegar "propuestas concretas en varios ámbitos y abrir un diálogo entre los jueces de la Corte y el Ejecutivo, para hacerles conocer las preocupaciones jurídicas de los jueces anticorrupción”.

En la reunión participaron el secretario de Seguridad, Wagner Bravo; el asesor en seguridad, Paco Moncayo, y otros delegados del Gobierno. El presidente de la sala Penal reiteró que trabajan en resoluciones para resolver dudas con respecto a la competencia de los jueces anticorrupción.

Byron Guillén habló de la necesidad de una reforma específica para cuando en sus funciones se presuma una extralimitación. Opinó que todo acto debe investigarse pero reconoció que es traumático para los uniformados que actúan en sus funciones cuando se produce la muerte de una persona que en ese momento los miembros de la Policía o el Ejército tengan que entregar armas y someterse a pericias, detenido o llevado a audiencia para verificar que el procedimiento fue correcto.

El juez señaló que la reforma debería ir a que el fiscal, previo a la formulación de cargos, debe haber una investigación diferenciada e integral y después la Fiscalía decidir o no. Dice que eso no significa dejar en la impunidad y que la diferenciación no es privilegio pero sí debe haber investigación diferenciada. 

La conclusión fue la necesidad de una capacitación a los jueces sobre lo que se vive en un operativo y cómo desde la Fuerza Pública se entiende el uso legítimo de la fuerza. Así también, es necesario que al juzgador le den una perspectiva del uso legítimo de la fuerza. en la reunión se habló de integrar a los fiscales quienes deben tener una perspectiva diferente de investigación y si la Fiscalía no tiene contexto va a entender que toda muerte constituye un delito.

Paco Moncayo señaló que tienen absoluta claridad de lo que está pasando y que la certeza es que el Estado tiene que reaccionar pero no solo el ejecutivo porque al crimen organizado solo le puede enfrentar un Estado organizado. Propuso que los uniformados también capaciten a los jueces para que conozcan como se hacen los operativos.