Cuatro años después del terremoto que azotó gran parte de Manabí, las promesas sobre el levantamiento de la infraestructura sanitaria no se han cumplido y en Pedernales, Sucre y Manta sus habitantes lo han sufrido en carne propia. Una situación que se agudizó con la llegada de la COVID-19 al país.

Los procesos de construcción o reconstrucción de los hospitales públicos de estos cantones han estado plagados de irregularidades que han sido denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, muchos de estos expedientes se han quedado archivados en las oficinas del Servicio de Contratación de Obras (Secob), del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y de la Contraloría.

“Tenemos 20 años luchando por un hospital y lo único que hay es un terreno vacío y un esqueleto de otro centro médico que iban a construir hace años, pero nadie sabe qué pasó. Aquí hay tanta gente que mendiga por atención médica y que tiene que irse a otros lugares a hacerse atender. La pandemia nos golpeó mucho”, cuenta Fernando Imbaquingo, morador de Pedernales y representante de las Fuerzas Vivas, organización que ha liderado un sinnúmero de protestas para exigir mejoras en la salud.

Pedernales, el epicentro de la tragedia, ha sido el más perjudicado en todos estos años. Pese a que la construcción del hospital de 30 camas fue parte de los proyectos priorizados por el Comité de la Reconstrucción, la obra ha tenido dos intentos fallidos para levantarse. Ambos estuvieron vinculados a la corrupción.

El último contrato fue terminado unilateralmente hace un mes, tras descubrirse la existencia de una presunta red que pretendía utilizar los recursos de la construcción para coimar a asambleístas. A la trama están vinculados Daniel Mendoza, Eliseo Azuero y el exdirector del Secob, René Tamayo.

Tras tumbar el contrato, el Ministerio de Obras Públicas (ahora a cargo de las obras del Secob) se disponía a darle la obra al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, pero una acción de protección interpuesta por Seguros Confianza, compañía a cargo de la garantía del buen uso del anticipo, lo impide. "Por orden de la jueza constitucional, el Secob debe pronunciarse motivadamente sobre la recuperación y deducción de los valores del anticipo que constan retenidos en las cuentas del Consorcio como parte de recursos públicos, los cuales deberían ser recuperados a través de la cooperación interinstitucional", dijo Confianza a mediados de semana a este Diario.

“Primero hay que cobrar esa garantía porque mientras no existan los fondos no se puede firmar un nuevo contrato”, lamenta Óscar Arcentales, alcalde de Pedernales.

Para construir este y los hospitales de Bahía y de Manta, el Gobierno destinó parte de los 3.500 millones de dólares que recolectó de la Ley de Solidaridad, sin embargo, ya no hay dinero disponible para obras adicionales. “Los fondos fiscales ya están agotados”, dijo a EXPRESO el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez, en una entrevista realizada a inicios de agosto.

Es decir, no hay dinero, pero tampoco hay hospitales.

En el caso de Bahía de Caráquez, su hospital está más avanzado, pero el proyecto fue diseñado sin las áreas de neonatología, cuidados intensivos e imagenología, pero sumarlas a la construcción actual no es posible por la misma razón que en Pedernales: la falta de dinero.

“En la última reunión que tuvimos con los ministros de Salud, Gobierno y Obras Públicas se concluyó que se le dará a Municipio de Sucre la competencia de Salud para que, por medio de un crédito, pueda financiar la ampliación que se necesita”, explicó Julio Villacreces, entonces coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción de Manabí.

El hospital de Bahía de Caráquez reúne una serie de irregularidades que van desde el uso del terreno, reclamado por los dueños originales, hasta “errores insubsanables” en el proceso de contratación, según detectó el Sercop en agosto de 2019. Por estas anomalías, el Servicio de Contratación Pública recomendó alSecob “abstenerse de continuar con el procedimiento de la contratación”, pero la institución lo ignoró y adjudicó la obra por 27,8 millones de dólares.

El fiscalizador de esta obra está detenido como parte del proceso de investigación del hospital de Pedernales.

Según la Comisión Anticorrupción, el hospital Rodríguez Zambrano de Manta también es parte de la cuota política de Daniel Mendoza. Este centro médico, que sufrió graves daños durante el terremoto, tenía que ser readecuado. Sin embargo, anomalías en el contrato, supuestos sobreprecios y la improvisación por parte de los directivos, que pretendían tumbar parte del edificio con los enfermos dentro, llevaron a que el Comité Cívico de Manta exigiera ante un juez la paralización de esa obra en 2019. Esta situación provocó, a decir de los moradores, que mucha gente prefiriera morir en su casa a ser atendido en una casa de salud provisional, cuyo contrato también está cuestionado.

“La gente tenía mucho miedo de acudir al hospital. Es muy desesperante tener a un familiar que se está muriendo y no poder conseguir que lo ingresen a cuidados intensivos o que lo traten”, relata Mirelly Muñoz, habitante de Manta desde hace 35 años.

El Comité Cívico del cantón pedía al Gobierno que tumbe el contrato irregular y que proyecte la contratación de un nuevo hospital, pues el Rodríguez Zambrano, aún con reconstrucción, ya quedaba pequeño. Sin embargo, la falta de recursos, de nuevo, impedía a las autoridades hacer tales promesas.

Tras las insistentes denuncias de sobreprecios, el Gobierno acordó renegociar el precio con el contratista e informarle que iban a bajar el presupuesto a la mitad. Es decir, 12 millones de dólares. El resto será destinado a un nuevo proyecto que, probablemente, tampoco verá la luz en esta administración.