El pasado 15 de mayo, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, anunció en cadena nacional que se reiniciarían los trabajos de reconstrucción del hospital Rafael Rodríguez Zambrano, en Manta, cuya obra está paralizada desde antes de la llegada de la pandemia.

Una decisión que sorprendió a los integrantes del Comité Cívico Interinstitucional de Manta y en especial a su presidenta, Lucía Fernández, quien ha denunciado desde el año pasado la existencia de varias irregularidades en el proceso de adjudicación de la reconstrucción de esa casa de salud, a manos del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

“Es raro que este proceso (de denuncia) no tenga una continuidad como los procesos de Bahía y Pedernales cuando este caso es peor. La única diferencia es que Manta no ha salido aún a las calles como sí lo han hecho otras ciudades”, cuenta Fernández.

Ella envió hace unos meses una carta al ministro Zevallos en la que le informaba del hallazgo de al menos seis anomalías en la etapa precontractual y solicitaba que se deje sin efecto ese contrato, pero no fue hasta este 1 de julio que lograron reunirse con él y hablar sobre la reconstrucción del hospital.

Algunas de esas irregularidades, relacionadas con el uso de marcas comerciales y la descalificación de oferentes, también fueron detectadas por el Servicio de Contratación Pública (Sercop), que, después de pedir explicaciones al Secob, determinó que la institución “violó la normativa vigente” y “generó una afectación a los principios objetivos fundamentales del Sistema de Contratación Pública”. Infracciones que se sancionan con el pedido de declarar desierto el concurso.

Sin embargo, las anomalías fueron detectadas el 1 de agosto de 2019, 15 días después de que el Secob adjudicó el contrato a la constructora Vicente Rodríguez por 25 millones de dólares, por lo que el Sercop envió el informe a la Contraloría. Este Diario solicitó una entrevista a la compañía, pero no hubo respuesta.

El Secob, por medio de su exsubdirector Gerardo Tapia, quien adjudicó el contrato, ignoró los informes y la constructora, con el anticipo en mano, empezó a derrocar paredes con pacientes y personal médico dentro del edificio. Tapia es actualmente investigado por falsificación y uso doloso de documentos falsos dentro del caso de la primera contratación del hospital de Pedernales.

“Me llaman y me dicen: ‘Están derrocando el hospital y todos los enfermos están dentro’ y cuando yo voy, efectivamente veo que eso estaba sucediendo. Entonces les pusimos un amparo y paramos la construcción”, recuerda Fernández.

El 12 de agosto el juez de la Unidad Judicial Civil de Manabí ordenó detener “inmediatamente los trabajos” hasta que la gerencia del hospital entregue “el plan de contingencia que evite atentar aún más con la salud de los enfermos o pacientes que se encuentran en esa casa de salud”.

Sin embargo, la gerencia ya se había adelantado y había suscrito el 12 de julio un contrato por 3,6 millones bajo la modalidad de subasta inversa para la adquisición de módulos para una unidad móvil. Esto pese a que siete días antes el Sercop también le recomendó declarar desierto ese proceso por, entre otras cosas, intentar contratar por subasta inversa, cuando todos los lineamientos, especificaciones y exigencias respondían a otro tipo de contrato.

A finales de julio, Catalina Andramuño, como ministra encargada, también exhortó a los directivos del hospital a que declararan desierto el contrato de la contingencia, pero esto nunca sucedió.

Esa unidad provisional no trabaja al total de su capacidad, según se determinó en un recorrido realizado por el alcalde del cantón a mediados de junio, y una parte de las atenciones se derivan al policlínico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manta.

EN DETALLE

Veeduría de la construcción. Especialistas del Comité de Manta formarán una veeduría que fiscalizará la reconstrucción del hospital Rodríguez Zambrano.

Ese es el acuerdo al que llegaron los miembros del Comité y el ministro Zevallos durante la reunión realizada el 1 de julio.

Lucía Fernández explica que esa es la principal condición que ellos han puesto para pedir al juez que retire la medida cautelar.

“Vemos que los rubros están triplicados y estamos seguros de que el contratista puede reconstruir con los 15 millones de adelanto que recibió hace ya un año”, señala, e insta a la Contraloría y a la Fiscalía a realizar las investigaciones y sancionar a los responsables de las irregularidades.

La tarde de este 7 de julio realizarán una reunión con el contratista de la obra para poner en marcha el nuevo plan de reconstrucción.