Correísmo: aún nos quedan miles de millones por pagar

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Correísmo: aún nos quedan miles de millones por pagar

Donde hay corrupción reina la ineficiencia. Y nada resulta más caro para un país que ser ineficiente. Hoy, las torpezas de ayer siguen pasando factura

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Colapso. En la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair se hallaron 7.648 fisuras “irreparables” según el último informe técnico.Archivo/EXPRESO

Hay un aspecto de la corrupción que suele subestimarse: la ineficiencia. Ya sea a través de un sistema de subcontratación que favorece el sobreprecio (el giro específico del negocio) o mediante la creación de una red de cabildeo y chantaje a los contratistas del Estado (Arroz Verde), está claro que la gestión de la obra pública en un gobierno corrupto persigue objetivos que nada tienen que ver con el servicio público. De ahí que los gobiernos que roban pero hacen obras, por lo general las hacen mal. Es el caso del correísmo.

El problema con las obras mal hechas (o los contratos mal hechos, o los negocios mal hechos, o las decisiones mal tomadas) es que siguen facturando por años. Hay que reparar, remediar, reconstruir, renegociar. Cuando los correístas exigen que se deje de hablar de su gobierno y de las cosas que hicieron mal, omiten un significativo detalle: esos errores, frutos de una codicia desmesurada y un inexistente sentido de la decencia pública, siguen pasándole facturas al país. Esta nota contiene un puñado de ejemplos.

Petróleo a precio de huevo hasta el 2024

1.La venta anticipada de petróleo es deuda. Entre 2009 y 2016, el país recibió de China 18.470 millones de dólares al 7,37 por ciento de interés pagaderos mediante la entrega de 1.325 millones de barriles a 15 años plazo. Como el gobierno de Rafael Correa quería simular que respetaba el límite de endeudamiento del 40 por ciento del PIB que determina la Constitución, mandó a inventar una figura jurídica para decir que la venta anticipada de petróleo no era deuda. Todavía hay quienes repiten ese disparate como borregos. Pero es deuda. La prueba está en que la seguimos pagando: el capital, los intereses y el porcentaje para los rateros hasta 2024.

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Hasta el momento (febrero de 2022), el Estado ecuatoriano lleva 1.174 millones de barriles de petróleo entregados a los chinos. Es decir que quedan 151 millones de barriles por entregar. Con ellos se cubrirá el último tramo de la deuda contraída en 2009 por Rafael Correa: 2 mil millones de dólares que en ese tiempo se gastaban, por ejemplo, en aplanar un terreno en El Aromo. Fruslerías. Pero 151 millones de barriles a un precio de 50 dólares por barril (menos de la mitad de la cotización actual) arrojan un total no de 2 mil sino de 7.550 millones de dólares. Si las matemáticas son claras (y lo son) alguien se está beneficiando con los 5.550 millones adicionales. Ese alguien son los intermediarios chinos que, en abierta violación de los términos del acuerdo con Ecuador, revenden nuestro petróleo a precios de mercado en todo el mundo y obtienen una jugosa ganancia.

Petroecuador es más conservador en sus cifras: sus técnicos calculan, para el período 2009-2024, una pérdida promedio de 3,69 dólares por cada barril. Según esto, de los 151 millones de barriles que hasta 2024 entregará el país, 557 millones de dólares se evaporarán en el aire junto con los más o menos 4.200 millones evaporados entre 2009 y 2021. Para romper este absurdo, Guillermo Lasso planteó a China una renegociación de los términos de pago de la deuda: cubrir los 2 mil millones directamente o hacerlo con petróleo a precio de mercado. Hasta el momento no nos ha contado cómo le fue. O sea que le fue mal. Mientras tanto, el partido de gobierno se entretiene en la Asamblea tratando de bloquear, junto con los correístas, el informe Petrochina, donde se explican estos mecanismos que lo tienen asfixiado.

  • 155 millones de barriles de petróleo tiene que entregar a China este gobierno hasta el año 2024 por concepto de venta anticipada.
  • 150 millones de dólares gastará el Estado, según los cálculos iniciales, para detener la erosión regresiva del río Coca.
  • 374,3 millones de dólares es el monto de la indemnización a Perenco por haber violado los términos del contrato de participación.

La chatarra que no deja de causar gastos

2.De la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair sabemos que funciona a medio gas porque fue construida, por la empresa china Sinohydro, con acero de calidad inferior y con soldaduras defectuosas. Que presenta 7.648 fisuras “irreparables” según un nuevo informe técnico que llegó esta semana a manos del presidente Guillermo Lasso. Que los 2.000 millones de dólares presupuestados durante el correísmo y financiados en su mayoría por el Eximbank de China ascienden ya, incluidas las líneas de transmisión, a 3.300 millones que hemos seguido pagando hasta el día de hoy. Lo que no sabemos es cuánto nos seguirá costando en el futuro. La obra no ha sido entregada todavía y, en el estado en que se encuentra, el gobierno no debería recibirla.

Por el momento se estudia una posible solución de 30 millones, que es lo que costaría encamisar los ocho distribuidores de la hidroeléctrica con un revestimiento de fibra de carbono. Un informe de Contraloría que reposa en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no descarta que sea necesario reemplazar esos ocho distribuidores. La factura superaría los mil millones.

¿Y el daño ambiental? Entre el depósito de sedimentos producidos por la represa y el proceso de erosión regresiva del río Coca hay claras relaciones que los funcionarios de gobierno evitan mencionar para no empantanar aún más la ya complicada negociación con Sinohydro, una empresa que no asume sus desastres. Lo cierto es que, en cuestiones ambientales, el gobierno de Correa se comportó en este caso con la irresponsabilidad acostumbrada. Para empezar, usaron estudios geológicos anteriores al terremoto que sacudió esa zona en 1987; estudios que el viejo Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel) venía pidiendo actualizar desde los años 90. Peor aún: los estudios de factibilidad hídrica fueron hechos para una hidroeléctrica de la mitad del tamaño de la que construyeron.

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El BID incluso llegó a ofrecer al gobierno el financiamiento (vía crédito no reembolsable) para un nuevo estudio y Correa se negó a aceptar. El gerente del proyecto, Luis Cepeda, dijo en ese entonces que “tomaría varios años”. Y tenían prisa. El resultado está a la vista: la erosión regresiva del río Coca amenaza la propia integridad de la hidroeléctrica. Detenerla implica una obra de ingeniería de grandes proporciones. La factura: 150 millones de dólares.

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Buscar un intermediario en China para vender petróleo en Perú. La venta anticipada de crudo puso en manos chinas un negocio de intermediación que supera los 60 mil millones de dólares.Archivo/EXPRESO

El decreto ejecutivo más caro del mundo

3.El Decreto 662 firmado por Rafael Correa el 4 de octubre de 2007 nos sigue pasando facturas millonarias año tras año. Con ese decreto se modificó el porcentaje de ganancia en los contratos petroleros de participación. Las compañías pasaron de recibir el 50 por ciento de los excedentes a recibir el uno por ciento, lo cual fue juzgado como un arbitrario cambio unilateral de las reglas de juego del contrato. De ahí surgieron varias demandas en los tribunales internacionales que el Ecuador fue perdiendo una tras otras. Así, el Estado terminó pagando 379,8 millones a la compañía Burlington; 19,9 millones a Murphy; 374,3 millones a Perenco... Una razón más que suficiente para que el correísmo vote por archivar el proyecto de Ley de Repetición presentado por la Procuraduría.

Otra factura que está por caer es la de la indemnización a la compañía Chevron. El monto todavía no ha sido fijado, pero el Ecuador ya fue encontrado culpable de denegación de justicia tras haber auspiciado un fraude judicial de proporciones épicas que sirvió a Rafael Correa para promocionar su imagen con la progresía internacional. El chiste puede costarle al país varios cientos de millones.

El lucro cesante, la cuenta incalculable

4.Obras inservibles o que incumplen el propósito para el que fueron construidas, mal hechas o a medio hacer... Sea porque exigen costosas reparaciones o porque implican una paralización de recursos que un país con dificultades económicas no se puede permitir, lo cierto es que la proverbial ineficiencia y los excesos del correísmo cuestan caro hasta el día de hoy.

¿Alguien ha calculado el lucro cesante de los 1.500 millones invertidos en la Refinería del Pacífico? ¿O lo que costará al país deshacerse de esa chatarra? ¿O los 900 millones invertidos en otra hidroeléctrica, Toachi Pilatón, que en la actualidad no genera un megavatio de energía?

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¿Cuánto tendrá que invertir el Estado ecuatoriano para reparar las fallas estructurales del poliducto Pascuales-Cuenca? La obra, presupuestada inicialmente en 300 millones de dólares, terminó costando 600 y funciona a medias porque ha comenzado a hundirse en varios tramos. ¿Es recuperable aún, y a qué precio, el terminal de almacenamiento de gas de Monteverde, que costó otros 600 millones y también funciona a medias porque no fue construido con estándares técnicos internacionales y el nivel de salinidad lo echó a perder (cosa que normalmente se prevé cuando se construye infraestructura junto al mar)? ¿Cuánto costaría recuperar los 900 millones invertidos en el sistema de captación de gas de la Amazonía que no sirve para nada? ¿Otros 900 millones?

¿Y cuánto dinero ha destinado el país a la compra de gasolina de alto octanaje que necesita para mezclar (¡en proporción de tres a uno!) con la que produce la refinería de Esmeraldas después de su supuesta repotenciación? 2.200 millones gastados en esa obra para seguir refinando mala gasolina, tan pero tan mala (tiene 1.400 partes por millón de azufre cuando la norma internacional tolera 25) que por sí sola no sirve para nada. ¿Cuánto tendrá que gastar el país el día que decida finalmente tener la refinería que se merece? ¿Mil millones más después de haber echado al tarro casi 4 mil millones? Son las facturas que no se contemplan cuando se habla del gobierno más corrupto de la historia ecuatoriana. Porque no solamente son los miles de millones que se llevaron. Son los miles de millones que aún quedan por pagar.

Caso Isaías: se viene otra megafactura

No menos de 2 mil millones de dólares. Para ser exactos: 1.563’860.257 dólares con 98 centavos más los intereses correspondientes. Es la suma que los hermanos William y Roberto Isaías exigen como indemnización al Estado por haber incautado sus bienes ilegalmente en un proceso relacionado con la crisis bancaria de 1999.

No es que los demandantes sean unos angelitos (más allá de que la Corte Nacional, en mayo de 2021, los encontrara inocentes en un juicio por peculado), pero hay algo que nadie les puede negar en relación con esta demanda: las incautaciones de sus bienes (casas, vehículos, empresas, acciones y cartera de crédito por 661,5 millones de dólares) fueron, por decir lo menos, irregulares. Otros dirían que monstruosas.

Monstruoso, desde el punto de vista de la justicia en un estado de Derecho, es legislar con dedicatoria para privar a un ciudadano de su derecho a la defensa. Y eso, exactamente, es lo que hizo el correísmo a través de su Asamblea Constituyente en 2008: dictó un mandato que impide a los Isaías defenderse. Un mandato según el cual la incautación de sus bienes “no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiere interpuesto, será inmediatamente archivada”. Más aún: “los jueces que avocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución (las incautaciones) y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplirla a cabalidad, deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar”.

Una resolución del tribunal del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas ya se escandalizó de esta arbitrariedad y ordenó al Estado ecuatoriano ofrecer a los Isaías la posibilidad de un juicio justo. En esa resolución se fundamenta su demanda. Cualquiera diría que tienen las de ganar.