El bloque correista en la Asamblea Nacional exigió este 15 de noviembre de 2021 la renuncia de varios funcionarios del actual Gobierno como un primer paso para lograr una salida a la crisis carcelaria.

Unión por la Esperanza (Unes) pidió la dimisión de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, de la comandante de la Policía Nacional, Tannya Varela, de la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, del gobernador del Guayas, Pablo Arosemena y del director de la Penitenciaría del Litoral, Jorge Haz.

El asambleísta Ronny Aleaga dijo que el bloque de Unes solicita la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas para que intervengan y retomen el control, respetando los derechos humanos de los presos. Aseguran tener varias propuestas.

"Se debería pensar en indultos para los privados de la libertad que han incurrido en delitos menores, se debe dotar de tecnología a los centros de rehabilitación social como escáneres e inhibidores de señal celular", señaló el legislador.

El correísmo, sin embargo, no está dispuesto a asumir ninguna responsabilidad en la crisis carcelaria. Javier Jurado, integrante de la Comisión de Soberanía, que el miércoles presentará un informe de mayoría y otro de minoría sobre la situación carcelaria, aseguró que en ambos documentos se apunta la responsabilidad del gobierno pasado y del actual.

Aunque en realidad, el informe que tiene el respaldo de la mayoría, y que analiza la situación de las cárceles entre 2016 a 2021, señala que el Estado inobservó los estándares internacionales y el cumplimiento de las reglas mínimas para el tratamiento de los presos durante todo este tiempo.

Además, que desde 2015 se habría empezado a perder el control de los centros de privación de libertad y tampoco hubo planes de atención integral para dar seguridad a estos sitios desde entonces hasta la fecha.

El correísmo también se sintió aludido por las expresiones que este 15 de noviembre emitió en un canal de televisión el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, que dijo que se podría pensar que el objetivo de la masacre fue cometer un acto de terrorismo que conmocione a la nación y acusar al Gobierno de esta masacre.

“En un momento político en que hay un informe (en la Asamblea) que habla de que hay un estado de conmoción social y que, con base en ello, se pide la destitución del presidente”, añadió el funcionario el Teleamazonas.

Aleaga rechazó que se insinúe que actores políticos estén influyendo en la crisis carcelaria que habría iniciado, según él, en 2019. Aseguró que los verdaderos culpables están en los centros de rehabilitación y en la corrupción “enquistada” en la Policía Nacional y no en los que hacen oposición “democrática”.