Correísmo advierte rompimiento de alianza si no se destituye a Murillo y Morillo
Hasta las 12:42 aún continuaba la lectura del informe sobre el juicio político, que tiene más de 140 páginas
El Pleno de la Asamblea Nacional requiere de 92 votos para lograr la destitución de Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura (CJ), y la censura del exvocal Juan José Morillo por supuesto incumplimiento de funciones. Aunque en la Comisión de Fiscalización, que aprobó el informe del juicio con ocho votos a favor y uno en contra, esto podría variar en el Pleno. Desde el correísmo provino una advertencia.
Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), precisó que los ocho votos avalaron el proceso de juicio por la existencia de "elementos contundentes" contra Murilo que salpican a Morillo. Cuestionó que Murillo llegó a ser presidente de la Judicatura al contar con los votos de Morillo y la exvocal Maribel Barreno.
"Si hay los votos, dependerá de cada bancada", apuntó Espín al mencionar que en otro proceso de juicio a Murillo, en el periodo legislativo anterior, "hubo reparto en la Asamblea para no ser censurado. Nombraron a familiares de los asambleístas como funcionarios del Consejo de la Judicatura. Es información oficial de la Judicatura".
Denunció que se trata de una hija del exasambleísta Francisco León que fue colocada bajo el cargo de gestora de archivo; otro cargo para Pablo Pasquel Ruiz, primo del exasambleísta Mario Ruiz; a Masiel Suárez también funcionaria de otro exlegislador. La Comisión de Fiscalización iniciará un proceso solamente para conocer el supuesto reparto impulsado por Murillo, anticipó.
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"Si hay encubrimiento de estos malos funcionarios, que han sido cómplices del reparto de los espacios en el CJ, para salvarse de juicios políticos, qué hacemos en un alianza de ese tipo, que sigue encubriendo a malos funcionarios. No tiene sentido", advirtió Espín al señalar que si no se alcanzan los 92 votos su bancada tendrá que reunirse para analizar "de qué sirven estas alianzas, qué sentido tendría si ADN quiere nuestros votos solamente para cuando a ellos les conviene".
Carlos Vera, del Partido Social Cristiano (PSC) y ponente del juicio, dijo que su partido es parte de un acuerdo legítimo. "Acuerdo en el que nosotros hemos consignado responsablemente nuestro comportamiento político a favor de leyes emergentes que le dan viabilidad al país", sostuvo. Pero, cualquier acuerdo que vaya más allá de la línea roja del PSC "no está en discusión hoy día", aclaró.
El acuerdo del PSC es sobre la lucha contra la corrupción, sobre la seguridad jurídica y la inseguridad con la administración de justicia, según afirmó. En el Plano se verá quienes están a favor de la impunidad y en contra, dijo Vera al señalar que sería un lamentable capítulo para la democracia si no se aprueba el juicio. Además, recordó que ADN debería ser coherente porque el presidente Daniel Noboa, líder del bloque oficialista, apoyó el pedido de juicio cuando fue legislador. Ningún legislador de ADN se refirió al tema.
Pamela Aguirre, presidenta de Fiscalización, aclaró que este juicio no fue presentado por el correísmo sino por exlegisladores del PSC con apoyo de otras bancadas. Aunque la Revolución Ciudadana sí apoyó el informe en Fiscalización. Aguirre negó que su bancada tenga algún interés sobre cómo vote ADN ni sobre la relación con la alianza, que para la legislador a es un supuesto.
Hasta las 12:42 aún continuaba la lectura del informe sobre el juicio político, que tiene más de 140 páginas.
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