La Corte Nacional calificó de ‘inoportuno’ el exhorto que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) hizo en su reunión del martes 21 de abril. Esa instancia pidió a la Corte y al Consejo de la Judicatura la revisión de dos resoluciones aprobadas por esas dependencias y que se elabore un plan de retorno progresivo a las actividades jurisdiccionales, suspendidas por la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del coronavirus.

El COE recomendaba elaborar los protocolos de bioseguridad y determinar sistemas de atención por turnos o franjas horarias en consideración al aforo de las unidades judiciales para evitar aglomeraciones.

Además, considerando que la Justicia está en un sistema procesal oral, sugiere que se adopte, en la medida de lo posible, el uso de medios telemáticos para el intercambio de información, así como para la realización de las audiencias.

El objetivo, dijo la ministra de Gobierno María Paula Romo, es que ya se empiece a planificar el trabajo y que determinadas actividades se incluyan en los planes piloto, como en el caso de las notarías.

Una de esas áreas que deberían ser incluidas en los planes piloto de retorno a las actividades es la de Familia. En esa materia se corre el riesgo de que se generen incidentes de rebaja de pensiones debido a la paralización de actividades motivada por la emergencia sanitaria decretada por el avance del coronavirus.

El COE había también pedido a la Judicatura que la programación del restablecimiento del servicio notarial sea usando la tecnología en todo lo que fuera posible. Eso para minimizar la concurrencia de ciudadanos a estos espacios y evitar el riesgo de contagios.

En una carta la presidenta de la Corte señaló que el exhorto que realiza el COE “es inoportuno tratándose de una decisión jurisdiccional del más alto órgano de administración de justicia en uso de sus facultades, además de prematuro”.

Aguirre explicó en su comunicación que la reanudación de forma organizada y paulatina de las actividades jurisdiccionales se realizará una vez que el COE disponga directrices claras sobre la normalización de actividades y prestación de servicios.

Aguirre insistió en que, por lo tanto, únicamente cuando de manera oficial se establezcan medidas en cuanto a la restricción de movilidad, distanciamiento social y concurrencia a lugares públicos por la emergencia sanitaria que permitan el reinicio de actividades, será revisada la resolución que dispuso la suspensión de su funcionamiento, excepto las de Flagrancia.

La semana pasada la Judicatura resolvió que continuará la suspensión de las actividades presenciales hasta nuevo aviso. Se incluyen tareas grupales, académicas, de capacitación y sociales. Todas se reemplazan, dentro de lo posible, por videoconferencias. Pero decidió aprobar el plan de retorno a las actividades. Un retorno que no fue bien recibido en el gremio de abogados. Al menos no como ha programado la Judicatura.

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, escribió en su cuenta de Twitter que lo que va a pasar si se retoma la actividad judicial de manera presencial “es que en poco tiempo tendremos un montón de funcionarios y abogados contagiados. Entonces se volverán a cerrar las Unidades Judiciales y todo estará peor que antes. Háganlo telemáticamente”, señaló.

La jurista Lorena Grillo es partidaria de un retorno, pero con todo lo más posible vía telemática. Eso es: expediente electrónico, requerimientos electrónicos, ingreso de escritos con firma electrónica, casillero electrónico, entre otros servicios judiciales en línea.