La Corte Constitucional (CC) dio un plazo de ocho días al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) para que, por intermedio del presidente Lenín Moreno, remita información sobre el cumplimiento de los dictámenes emitidos por los jueces constitucionales, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

El organismo anunció este 17 de abril que, de oficio, decidió iniciar una fase de seguimiento a la ejecución de algunos puntos que se desprendieron de las sentencias de constitucionalidad a los decretos de estado de excepción que fueron presentados por el mandatario en marzo.

Específicamente, la Corte Constitucional quiere conocer las medidas adoptadas por las autoridades para garantizar el acceso a alimentos y medicina de las personas que se encuentra en una situación especial de vulnerabilidad.

También, lo realizado por el Ejecutivo para la identificación, levantamiento y manejo sanitario y ambientalmente adecuado de cadáveres, desde el lugar del deceso hasta su inhumación en condiciones de dignidad.

Otro punto que interesa a los jueces es referente a las acciones tomadas para evitar la propagación del COVID-10 en los centros de rehabilitación social, así como las medidas adoptadas para receptar y proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar.

La CC también da seguimiento a la situación de los ecuatorianos que quedaron varados en el exterior y pide que se informe el número exacto de personas que han podido retornar y de aquellas que todavía no lo han podido hacer.

En este mismo punto solicitan que se expliquen las medidas sanitarias aplicadas a los que regresaron; la asistencia que el Estado ha otorgado a los que siguen atrapados en el extranjero; y los niveles de coordinación de consulados y embajadas con los compatriotas.

Sobre el personal que se encuentra trabajando en la primera línea de atención, los jueces constitucionales solicitan el número exacto de trabajadores de la salud, policías y militares, bomberos, recolectores de basura y operadores de cadáveres que han dado positivo a coronavirus.

Así como las medidas de protección adoptadas y el número de pruebas de diagnóstico que se ha hecho a este grupo de trabajadores.

Revisión de garantías constitucionales

La Corte Constitucional da un plazo de tres días al Consejo de la Judicatura (CJ) para que informe las medidas adoptadas para garantizar el acceso a la administración de justicia en el área de las garantías constitucionales: acción de protección, hábeas corpus, hábeas data, acceso a la información pública y medidas cautelares autónomas.

Según lo resuelto, los jueces constitucionales están particularmente interesados en conocer “los motivos por los que ha restringido el acceso únicamente a la garantía de hábeas corpus”.

La Judicatura deberá además enviar las estadísticas del número de demandas jurisdiccionales presentadas ante jueces, tribunales y cortes de justicia desde que inició la emergencia , así como la especificación de las judicaturas que tuvieron conocimiento y el trámite que dieron a cada causa.