El pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución por la cual se exige al presidente de la República, Lenin Moreno, la remoción inmediata de Paúl Granda de la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Decisión que se la tomo en medio de las noticias de que Granda había presentado la renuncia y el jefe de Estado no le había aceptado.

La moción fue presentada por la asambleísta independiente Lourdes Cuesta, quien cuestionó el accionar del representante del Ejecutivo ante el directorio, al sostener que el funcionario ha demostrado su falta de capacidad y desconocimiento de las funciones para las que fue designado.

“No podemos permitir que en plena emergencia sanitaria se den este tipo de anomalías, y que la máxima autoridad del IESS nos diga que no conoce lo que está sucediendo en la institución. Si no conoce lo que está sucediendo, es evidente que tiene que dar un paso al costado porque no es apto para el cargo”, sostuvo Cuesta durante su intervención ante el pleno.

Además, en la resolución, se decidió, que por tratarse de administración conjunta, exigir también la remoción del cargo vocal del Consejo Directivo del IESS, Felipe Pezo Zúñiga, delegado de los empleadores, y quien se encuentra en funciones prorrogadas.

Los asambleístas hicieron un llamado al Jefe de Estado, para que, en aquellos cargos cuya designación directa le corresponden, cuente con personas probas, capacitadas técnicamente y con expertise en el ámbito cuyo encargo se realice, con el fin de garantizar una efectiva prestación de servicios y atención a los ecuatorianos.

También, dejaron en claro que no renunciarán a su facultad de fiscalizar, y decidieron iniciar el proceso de juicio político a la exministra de Salud, Catalina Andramuño, “por las evidentes irregularidades realizadas en esa cartera de estado durante su gestión, así como por el deficiente manejo de la crisis sanitaria que atraviesa el país”.

En otro tema, los legisladores aprobaron la resolución presentado por la asambleísta, María José Carrión (PAIS), por el cual se reconoce y agradecer a todo el personal de salud público y privado, el trabajo que vienen desempeñando para proteger la vida de los ecuatorianos en el contexto de la pandemia generada por COVID-19 y se les como “Héroes de Mandil Blanco”.

Además, se decidió elaborar en beneficio de los profesionales y trabajadores del sistema sanitario que están bajo la modalidad de contratos ocasionales o nombramientos provisionales, las normas que les garantice eficazmente el goce de sus derechos laborales, entre ellos la estabilidad laboral por la meritoria labor que han desempeñado y por el sacrificio que realizan diariamente al combatir arduamente esta pandemia.

Dichas normas serán analizadas, debatidas e incorporadas en la ley que próximamente se aprobará para remediar la crisis sanitaria y económica causada por el COVID-19, y tendrá como finalidad, facilitar la entrega de nombramientos definitivos acorde a los parámetros legales pertinentes en máximo respeto de sus derechos laborales.

Así mismo, requerir al Gobierno que se descarte cualquier posibilidad de reducción de sueldo en el personal de salud y evitar la desvinculación de profesionales de la salud; así como se inicien con estudios técnicos, jurídicos y económicos para la creación de un seguro obligatorio de vida para los profesionales de salud, tomando en consideración los riesgos laborales que tienen por su profesión.

También, exigen al Ministerio de Finanzas la asignación de los recursos necesarios a las instituciones públicas para la inmediata dotación de prendas de protección y todos los insumos necesarios, a fin de garantizar las medidas de bioseguridad para médicos, enfermeros, militares, policías, agentes de tránsito, funcionarios municipales, recolectores de basura, trabajadores de empresas púbicas en sectores estratégicos como electricidad, saneamiento, entre otros más, de acuerdo al nivel exposición frente al COVID-19; así como se adecuen todos los hospitales del país con suficiente equipamiento para afrontar esta crisis sanitaria, previo una evaluación inmediata por parte del Ministerio de Salud.

Piden, garantizar que las opiniones y denuncias de los profesionales de la salud sobre las irregularidades sean adecuadamente canalizadas y resueltas por los órganos competentes de manera oportuna, sin que esto afecta su estabilidad laboral, sobre las cuales la Asamblea Nacional dará seguimiento. Los acuerdos de confidencialidad deberán guardar respeto con la Constitución y la ley.