La Contraloría detecta un desorden inmobiliario de la Corte Constitucional

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La Contraloría detecta un desorden inmobiliario de la Corte Constitucional

La entidad tiene bienes deteriorados y sin utilizar. En Guayaquil pagó por arriendos innecesarios

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La Corte Constitucional (CC) está integrada por 9 jueces y su sede está en Quito.HENRY LAPO

A la Corte Constitucional no se le daba bien -al menos hasta 2018- el manejo administrativo de sus bienes inmuebles. Documentos, facturas y pliegos de la entidad dan cuenta de una gestión desordenada que le costó miles de dólares al Estado.

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Durante parte de la gestión de los jueces Alfredo Ruiz Guzmán, Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos, Francisco Butiñá Martínez, Roxana Silva Chicaiza, Manuel Viteri Olvera, Wendy Molina Andrade, Pamela Martínez Loayza y Ruth Seni Pinoargote se detectaron pagos indebidos y contrataciones injustificadas. Ellos fueron destituidos por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, en agosto de 2018.

Pero las novedades van más atrás, a los años en los que Patricio Pazmiño y otros jueces vinculados con el gobierno del expresidente Rafael Correa tomaban decisiones. En 2014, por ejemplo, la Corte decidió comprar el edificio donde funcionaba. Se pagó más de 300.000 dólares -entre la compra y consultorías- y nunca se reutilizaron las instalaciones.

A la fecha, la infraestructura está abandonada y deteriorada. El gasto no fue justificado y no es el único caso.

Los gastos de la Corte Constitucional.
Los gastos de la Corte Constitucional.expreso

En Guayaquil también hay novedades. Durante 2014 se hicieron contratos desordenados y no se establecieron normas claras para el inmueble que el órgano judicial necesitaba en Guayaquil. La regional de la Corte no contó oportunamente con una sede para laborar. Y cuando contó con oficinas, también hubo anomalías.

Entre 2016 y 2018, el organismo pagó más de 390.000 dólares por el arriendo de una sede en Guayaquil. Esas instalaciones no se ajustaban a lo que necesitaba la Corte Constitucional.

Lo dice la Contraloría General del Estado. En su último informe al respecto, el organismo de control pide que se tomen correctivos para evitar que el desorden vuelva a imperar en las compras y arrendamientos de la institución que ahora dirige Hernán Salgado Pesántez.

EXPRESO consultó con la Corte sobre las recomendaciones que hizo la Contraloría. Desde ahí se confirmó, por ejemplo, que el inmueble cuestionado en Guayaquil fue devuelto y ahora se opera en una sede facilitada por la Secretaría Técnica Inmobiliar. No se paga arriendo en ese lugar.

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Sobre el inmueble abandonado de Quito, la actual administración asegura que “se ha requerido el presupuesto necesario para el mantenimiento y remodelación del inmueble de interés patrimonial, que fue adquirido por la anterior conformación de la Corte Constitucional”.

Esa remodelación, sin embargo, luce lejana. La falta de recursos impide que se apliquen los cambios necesarios y actualmente solo se han instalado “cubiertas provisionales para proteger a dicho inmueble”.