El conflicto está lejos de terminar. Hispana de Seguros afirmó que iniciará acciones legales contra Petroecuador por la anulación del contrato que las dos partes (más Latina Seguros) firmaron en diciembre de 2020. Los representes de la empresa privada creen que detrás de las apresuradas medidas de Petroecuador hay intereses políticos y económicos. Es más, señalan a la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Silvana Vallejo, y a la secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Johanna Pesántez, como impulsoras de la anulación y promotoras de una empresa en particular: Seguros Sucre.

Félix Salame, gerente de Hispana, conversó con EXPRESO sobre la rareza detrás de la anulación. Como primer punto, destacó, hasta la fecha no se notifica oficialmente a Hispana de la suspensión. Solo se conoció que Sucre comenzó a brindar el servicio que se supone se firmó con Hispana.

Tampoco se ha informado si Petroecuador pagará los gastos que tuvo Hispana en el mes de cobertura. Según Petroecuador, la extensión de Sucre tiene vigencia desde diciembre del año pasado. Es decir, se omiten todas las acciones que ya puso en marcha el consorcio de Hispana y Latina.

Este Diario consultó por esos valores a Petroecuador pero la entidad no se pronuncia.

Lo más grave, asegura Salame, es que el sustento para la decisión de Petroecuador está motivado por presiones de Johanna Pesántez y Silvana Vallejo. Las dos, dijo, encaminan a que Sucre -conformada por capital estatal- siga acaparando el seguro de la petrolera que supera los 53 millones de dólares.

En una carta enviada al presidente Lenín Moreno, Salame asegura que Pesántez no tiene competencias sobre la empresa pública Petroecuador y, sin embargo, presionó para que se eche abajo un contrato legal y firmado.

Sobre Vallejo, en cambio, el empresario dijo que inventó “sinvergüencerías” para dar de baja el concurso iniciado el año pasado. Ella, dice Salame, quería provocar extensiones de contrato injustificadas con Sucre. Eso se logró.

Sucre es la aseguradora de Petroecuador desde 2010. En 2016 se le adjudicó de manera directa el último concurso y desde esa fecha solo ha recibido extensiones por falta de un nuevo proceso.

EXPRESO consultó con la Secretaría Jurídica de la Presidencia y con el Sercop sobre las acusaciones. Pesántez aún no se pronuncia y Vallejo dijo que “la única postura es que se cumpla la Ley, esto independientemente de a quién contraten las entidades”.