Consulta Popular 2025: segundo paquete de preguntas de Daniel Noboa también cojea

El segundo intento del presidente Daniel Noboa por llevar temas de interés del Gobierno a las urnas se ve opacado por vicios arrastrados y por la falta de certezas sobre las verdaderas intenciones detrás de algunos puntos del nuevo pliego de preguntas para la consulta popular.

La tarde del 9 de septiembre de 2025, pocos días después de que la Corte Constitucional echó abajo algunos de los planteamientos del primer pliego presentado, el Gobierno anunció el envío de siete nuevas preguntas, algunas de ellas reformuladas tras las observaciones del organismo.

Preguntas mal planteadas e innecesarias en la consulta de Noboa

Aunque hubo correcciones, como la pregunta sobre el retorno de los casinos y la transferencia de la competencia de designación de autoridades del CPCCS a la Asamblea Nacional, también persisten vicios y opacidades, sostiene el constitucionalista José Chalco.

Por ejemplo, el jurista dice que si bien es cierto que el Ejecutivo realizó cambios, la pregunta sobre el registro de violadores “está mal planteada porque no cumple con los precedentes de la Corte, con dictámenes ya existentes sobre cuáles son los requisitos mínimos para dar luz verde a este tema”.

De igual forma, cuestiona la pregunta sobre procedimientos expeditos en casos de extorsión y otros delitos, pues mediante una reforma al COIP (donde ya constan procesos directos) se podría abordar el tema. “Es más barato que hacer una enmienda para luego hacer una ley”.

En ese sentido, también cuestiona que se pretenda consultar sobre los casinos, la expedición de una nueva Ley de Garantías Jurisdiccionales y la prohibición del uso de la imagen de personas sentenciadas, cuando luego, de todas formas, se requerirá el envío de un proyecto de ley a la Asamblea.

El Gobierno buscaría poner autoridades a su antojo a través de la Asamblea

El jurista y exasambleísta Héctor Muñoz, por su lado, observa que entre las nuevas preguntas planteadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa hay una que podría ser peligrosa para la independencia de funciones y que favorecería el fortalecimiento del hiperpresidencialismo.

Se trata de la pregunta replanteada para transferir la competencia de designación de autoridades a la Asamblea. Aunque se cambió la conformación de la comisión técnica que llevaría el proceso (ver gráfico), hay otro riesgo latente: la votación en el Pleno.

De acuerdo con el anexo de la pregunta planteada por el Ejecutivo, para la designación de las autoridades seleccionadas mediante este nuevo proceso se requerirá únicamente la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, 77 votos de los asambleístas.

Esta posibilidad, según Muñoz, tendría como principal beneficiario al presidente Daniel Noboa, quien actualmente cuenta con una mayoría de alrededor de 80 votos en el Legislativo. “Van a poner efectivamente a estas autoridades en función de lo que ellos decidan”.

De igual forma, el exasambleísta Muñoz considera que hay un peligro latente en la propuesta del Gobierno de expedir una nueva Ley de Garantías Jurisdiccionales, que además es la norma que rige directamente el funcionamiento de la Corte Constitucional.

Según el anexo, de ser aprobada la pregunta, Noboa enviará el proyecto de ley a la Asamblea, apartando a la ciudadanía, dice Muñoz. “La gente no va a saber efectivamente cuál va a ser el resultado de eso, que ya termina siendo un proceso político dentro del Parlamento”.

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