Mesa electoral
Diana Atamaint, presidenta del CNE, encabezó la instalación de la Mesa Nacional de Seguridad Electoral en el ECU 911 de Quito.gustavo guamán

Consulta popular 2025: Mesa de Seguridad Electoral activa plan con 20 instituciones

Al menos 20 instituciones coordinan el plan de seguridad para la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre

En las instalaciones del ECU 911 Quito, este 27 de octubre de 2025, se instaló oficialmente la mesa nacional de seguridad electoral, conformada por al menos 20 instituciones del Estado.

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral, fue la encargada de instalar la mesa de seguridad, a propósito de las elecciones por la consulta popular y referéndum, previstas para el 16 de noviembre.

¿Quiénes conforman la mesa nacional de seguridad?

La mesa está conformada por el ECU 911, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Ministerio de Gobierno y Educación, Secretaria Nacional de Riesgos, entre otras instituciones.

Juan Carlos Paladines, director del ECU 911, detalló que 5.700 dispositivos se habilitarán para monitorear puntos estratégicos del país, así como 3.100 funcionarios que receptarán alertas a escala nacional.

Por su parte, Atamaint señaló que están cumpliendo con el calendario electoral, con avances en la impresión de papeletas y capacitaciones a los miembros de las juntas receptoras del voto.

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Recordó que 13.457.000 ecuatorianos están habilitados para sufragar el 16 de noviembre. De ese número, el 30 % del electorado son jóvenes de 19 a 29 años, y hay 4.364 recintos electorales a escala nacional.

Wilson Hijonosa, coordinador de procesos electorales del CNE, mencionó que ya se han visitado los recintos para ver las condiciones de infraestructura. De los 4.364, 1.726 son puntos de escaneo de las actas de escrutinio. Mencionó que han trabajado con CNT en los enlaces de datos para ver en tiempo real los resultados.

También detalló que para 597 personas se habilitó el voto en casa. El 14 de noviembre se realizará el voto anticipado de ese grupo, así como de los privados de libertar sin sentencia condenatoria, que son 9.078, en 20 provincias.

A escala nacional se desplegarán 61.500 efectivos de las Fuerzas Armadas y 57.000 de la Policía Nacional, con 41 drones y tres aeronaves.

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