El efecto que producía la imagen, repetida al infinito, del presidente Daniel Noboa interpelando a los ciudadanos desde cada poste del puente de la Unidad Nacional, con la leyenda “Dile Sí al nuevo Ecuador”, era apabullante. Desperdicio de recursos: un día duró semejante despliegue desproporcionado de publicidad en el lugar. Por la noche, con el argumento de “hacer respetar el derecho de vía”, el mismo gobierno, a través de su ministro de Obras Públicas (hoy encargado de Energía), Roberto Luque, lo mandó a retirar. El mensaje, sin embargo, había sido claramente transmitido y quedó intacto: no son los cambios a la Constitución o las reformas sobre temas laborales o de seguridad el objeto de esta campaña; es la imagen del presidente de la República el objeto de la consulta. Todo lo demás es intercambiable.

La puesta era fácil: toda consulta popular, tarde o temprano, termina convertida en un referendo de aprobación o rechazo del presidente que la convoca. Daniel Noboa tenía una valoración cercana al 70 por ciento cuando arrancó esta campaña y no aprovechar semejante ventaja habría sido una negligencia imperdonable. Pero de ahí a personificar esta consulta popular hasta el extremo de desaparecer sus preguntas y sus temas y sustituirlos por el sonriente careto del presidente de la República junto a la palabra Sí, media un abismo que el gobierno sorteó con el desparpajo de quien está empeñado no en consensuar una serie de reformas en beneficio del país, sino en avanzar un paso más hacia el único objetivo que le interesa: la reelección.

En esta consulta popular, con todo y sus cuatro modificaciones a la Constitución, Daniel Noboa nos escamoteó el debate. No se preocupó de explicar el contenido de las preguntas, el motivo por el cual son necesarias las reformas que plantean, los mecanismos para ejecutarlas… Le bastó con una vaga alusión a “la seguridad de los ecuatorianos”, un genérico al que cada quien otorga el contenido específico que tiene en la cabeza, siempre positivo, a partir de lo cual todo depende de un voto de confianza.

Para merecerlo el presidente, más que promocionar y explicar los temas de la consulta, desplegó una campaña consistente en una serie de golpes de efecto diseñados para evitar la caída en las encuestas y lograr la aprobación de los votantes: la incursión en la embajada de México, la captura de Jorge Glas, la desarticulación real o imaginada de una supuesta banda de funcionarios saboteadores del sistema eléctrico y el enjuiciamiento penal de su propia ministra de Energía… Todo ello con el fin de demostrar la determinación del presidente aun por encima de las restricciones de la ley, su capacidad de llevar las riendas con mano dura, el poder de su testosterona… En el camino a la reelección, esta consulta popular viene a ser la primera de tres vueltas.

Aquí, los únicos que hablan del contenido de las preguntas parecen ser las politizadas bases izquierdistas que ya se decidieron de antemano por el No. Sale Leonidas Iza, por ejemplo, muy activo en redes sociales, y dice que aquello del arbitraje internacional es una barbaridad, fíjense si no en el caso Chevron: cuando lo resolvió un juez de Lago Agrio (en un fallo amañado y corrupto, pero esto a él no le interesa), el Ecuador ganó; cuando se trató en una corte de Estados Unidos, perdió. Y no hay argumento oficial que contradiga semejante absurdo y establezca un contrapunto en el debate, porque la única premisa del gobierno es el careto de Daniel Noboa.

Una consulta popular (más aún una que introduce reformas en la Constitución sobre temas tan relevantes como el papel de las Fuerzas Armadas) debería ser otra cosa: un proceso en el que por lo menos se consiga colocar un puñado de ideas básicas en la conversación nacional: extradición, arbitraje internacional, judicaturas especializadas en materia constitucional, extinción de dominio… Una oportunidad para poner a los ciudadanos a reflexionar sobre temas que le pueden cambiar la vida: contratación por horas, porte de armas... Una manera, en fin, de que la democracia directa se convierta de verdad en un ejercicio de conciencia cívica.

El CNE, como de costumbre, tampoco ayudó al debate. Al contrario, lo entorpeció con su brillante idea de identificar las preguntas con letras en lugar de números con el argumento de que están divididas en dos grupos. Vaya manera de confundirlo todo. El resultado fue que cualquier conversación sobre las preguntas tropezaba con la dificultad inicial de identificar de cuál de ellas se estaba hablando. ¿Cuántas preguntas tiene la consulta?, le preguntan a Diana Atamaint. “K”, responde ella.

Sería interesante que los encuestadores afinaran sus preguntas para determinar el grado de desconocimiento de la consulta. Seguro que es enorme. Esta consulta popular, sea cual sea el resultado, ha sido una nueva oportunidad perdida para que el país reflexione sobre sí mismo.