Una consulta que no favorece al pueblo ecuatoriano es lo que opinan los expertos que conversaron con EXPRESO sobre su postura en torno a la consulta popular y referéndum 2024. Para ellos, el apoyo o rechazo a este proceso debe ser analizado a fondo, con pruebas.

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Como intranscendente la califica Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas. Para él, los temas pudieron haber sido tratados directamente en la Asamblea Nacional, porque, aunque en las urnas se aprueben las propuestas del régimen, estas, al final, deberán ser aprobadas por el Legislativo. Además, de que los proyectos de ley que enviará el Ejecutivo no constan en los anexos.

Para el jurista, lo urgente es la reestructuración del sistema judicial. También que se respete lo que la Constitución establece, expresa José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores: la prohibición al trabajo por horas.

Además, de que se considere la experiencia que se ha tenido frente al arbitraje internacional, indica Cecilia Chérrez, integrante de Acción Ecológica. Este año pagaremos $ 2.400 millones a varias empresas, incluido Chevron. Esto está contemplado en el presupuesto general del Estado, indica.

“Hay que cambiar las estructuras jurídicas”, Fabián Yánez, presidente del Colegio de Abogados del Guayas

“Aunque hay varias posturas entre los abogados; sin embargo, desde el punto de vista netamente jurídico creemos que muchas de ellas no eran necesarias para que se las pregunte al pueblo, ya que pudieron haber sido resueltas en la Asamblea Nacional, sobre todo cuando había la voluntad política para darle paso a esas reformas.

En general, las preguntas no tienen una trascendencia importante para el cambio de las estructuras del país. Hoy por hoy deberíamos discutir normas sobre inteligencia artificial, tanto en el ámbito comercial, económico, financiero, legal, como en las estructuras de controles.

En temas de la justicia no se ha hecho nada ni por cambiar las estructuras jurídicas. Todo termina en la justicia: los temas públicos, comerciales, financieros..., si no se trabaja por fortalecerla y para que esta sea transparente, estamos obrando en saco roto. El Consejo de la Judicatura debería ser cambiado, así como la fórmula para elegir a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, el sistema de evaluaciones y el de control disciplinario. No se ha hecho nada porque hay intereses políticos”.

“Arbitraje internacional: cancha inclinada”, Cecilia Chérrez -  Acción Ecológica

“Nosotros queremos alertar a la ciudadanía sobre los peligros que tendría la aprobación del casillero D, pregunta 3, sobre el arbitraje internacional. Ecuador es el quinto país más demandado en la región de América Latina y el Caribe, los cuales han expuesto unos pagos exorbitantes a las empresas transnacionales principalmente vinculadas a la minería e hidrocarburos.

Estos tribunales responden a las reglas establecidas en los tratados bilaterales de protección de inversiones y están conformados por árbitros, no por jueces que actúen en base a los instrumentos de Derechos Humanos, colectivos, de la naturaleza y de nuestra Constitución. De las 29 demandas en contra de Ecuador, 21 ya tienen resolución; el pago establecido es de $ 2.906 millones, según datos del Transnational Institute. Los ocho restantes se conoce el monto total de tres de ellos -incluye caso Chevron-: $ 9.980 millones.

La mayoría de los laudos dan la razón a las empresas. De las 21 demandas, 14 fueron a favor de las firmas; siete, al país, igual representaron significativos gastos procesales. Será una tragedia si se aprueba la pregunta”.

“No a una consulta popular mañosa”, José Villavicencio / Presidente del Frente Unitario de Trabajadores

“Es un proceso innecesario e inoficioso, porque no va a resolver los problemas del país. La Corte Constitucional estableció que los militares pueden apoyar a la Policía, por lo que no tendría lugar esa pregunta. Además, la mayoría de las seis preguntas de consulta popular son reformas al Código Orgánico Integral Penal y a la famosa Ley de Extinción de Dominio; posterior a la consulta, el presidente debe presentar un proyecto de ley a la Asamblea para su aprobación.

También están las preguntas de referéndum y vemos con gran preocupación, las cuales son el objetivo central del plebiscito, el contrato a plazo fijo y por horas y el arbitraje internacional. El Gobierno busca que las 144 empresas del Grupo Noboa se beneficien aplicando una mano de obra barata y de esclavitud moderna. El contrato por horas ya se aplicó en el 2000 y no resolvió el desempleo; hubo abuso, precarización y explotación. El artículo 327 de la Constitución lo prohíbe.

El laudo arbitral beneficia a las empresas que no han pagado sus obligaciones al Estado. Por eso, decimos no a una consulta mañosa, que no resuelve nada”.

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