Si seguridad jurídica es lo que buscan los inversores extranjeros, sostienen los entrevistados por EXPRESO, entonces que el gobierno de turno mejore el sistema judicial. A criterio de ellos y con base en datos, Ecuador no tiene, como antecedente, que le vaya bien en arbitrajes internacionales.

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Sin embargo, con el accionar diplomático del actual régimen, el mensaje que ha enviado a los inversionistas no es precisamente que en el país se respeten las normas internacionales, opina Julio Prieto, representante de la Unión de Afectados por Texaco.

Además, los grandes afectados son los sectores indígenas y amazónicos, donde los desastres ecológicos y ambientales no son reparados, expone Helena Gualinga, activista ambiental de la comunidad kichwa Sarayaku. “Al aprobarse esta pregunta, el Ecuador deberá pagar miles y millones de dólares en indemnizaciones a estas empresas”.

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Por otro lado, Inty Grønneberg, presidente de la Fundación Circular en Ecuador y embajador de Ambiente en Ecuador, señala que los gobernantes deberían respetar derechos y acuerdos que se han tomado como país en años pasados. “Los nuevos gobiernos siempre buscan retomar lógicas anteriores”.

“Es una falacia que atraerá la inversión”, Inti Gronneberg

“Hay estudios que hacen análisis del impacto sobre la atracción de la inversión extranjera en los países que tienen tratado de arbitraje internacional, y los resultados indican que la inversión extranjera no llega a un país porque tenga ese tipo de mecanismo. Además, hasta 2014 Ecuador tuvo tratados de arbitraje internacional y debido a las consecuencias de haber perdido arbitrajes, el país tomó la decisión de eliminar este tipo de tratados. Por lo que no hay un asidero en los datos ni en la evidencia frente a ello.

Las empresas que vienen a hacer proyectos de explotación de recursos no renovables tienen incertidumbre porque no saben cómo la gente va a reaccionar. Pero si la razón para implementar este mecanismo es la falta de seguridad jurídica local, esa misma es la que tendrá que defendernos afuera. Y si no es fuerte, iremos con una gran potencialidad de perder.

Lamentablemente en el país no existe un proceso de construcción como lo hay en otros países más avanzados. India y Singapur son los países que atraen hartísima inversión extranjera y no tienen arbitraje internacional”.

“No se justifica volver a esos tribunales”, Helena Gualinga / Activista ambiental de la comunidad kichwa Sarayaku

“Es muy cuestionable que el Gobierno haya incluido una pregunta sobre si estamos de acuerdo con que el Estado reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, en un paquete que supuestamente trata la seguridad. Por lo que a mi criterio es una pregunta disfrazada.

De las 29 demandas que hemos tenido, se han resuelto 21 y ocho están por resolverse. De estas últimas, solo se conocen los laudos de tres y el monto por el cual nos están demandando es $ 9.900 millones. Esa cifra equivale al presupuesto de 2024 de salud, educación básica y bachillerato. Es una inmensa cifra que tenemos que pagar a estas empresas, cuando estas son las que incumplen las leyes de este país. No es justificable traer de vuelta este mecanismo que nos pone en una situación de riesgo en temas económicos y permitirles saltarse la justicia ecuatoriana. Además, afectan a los sectores indígenas y amazónicos, ya que las empresas demandantes suelen ser de los sectores de hidrocarburos, minería y petróleo”.

“El plebiscito tiene preguntas trampa”, Julio Prieto / Representante de la Unión de Afectados por Texaco

“La consulta popular es una trampa porque tiene una gran cantidad de preguntas que parecería que atacan directamente el problema de la seguridad y a las que es difícil decirles que no, (pero) no representan ninguna solución. La pregunta que indica si las armas confiscadas a los delincuentes pasen a ser utilizadas por las Fuerzas Armadas, es algo a lo que alguien difícilmente se vaya a oponer, al menos que sea un narcotraficante. Pero son preguntas trampa, porque nos inducen al sí y tenemos un par de preguntas que constituyen un verdadero riesgo para el ejercicio de los derechos en el país: el arbitraje internacional y el trabajo por horas.

Para que venga la inversión extranjera necesitamos seguridad jurídica, mejorar el sistema judicial, que sea independiente y efectivo, que garantice el acceso a la justicia tanto de ecuatorianos como de extranjeros. Además, con lo que acabó de hacer el presidente Daniel Noboa en la Embajada de México violó a la mamá de todos los acuerdos internacionales. Entonces, ¿de qué seguridad jurídica está hablando?, ¿qué mensaje envía al inversionista extranjero?”.

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