El Primer Congreso Internacional de Movilidad Humana y Protección Internacional celebrado en el país, logró una gran audiencia y participación de ecuatorianos y extranjeros que conocieron los avances en materia de derechos ciudadanos.

El evento analizó demandas, avances y retos para el ejercicio de derechos como el de educación, salud, acceso a la justicia y al territorio, de quienes se han visto obligados a huir de sus países. El encuentro lo organizó la Defensoría Pública de Ecuador y la Universidad Técnica de Loja, entre el 28 y 29 de abril de 2021.

En las jornadas, 1.300 participantes de Ecuador y otros países de la región escucharon las exposiciones de seis especialistas nacionales e internacionales. Fue una ocasión "para conocer los avances en la jurisprudencia de la región para la asistencia legal, la importancia de la garantía de derechos y el modelo ecuatoriano para garantizar el acceso a la justicia de migrantes y refugiados", explicó la Defensoría.

Este último tema lo expuso el defensor público general, Ángel Torres Machuca, quien se refirió a las acciones que realizó la institución antes y durante la emergencia sanitaria por la Covid-19. Mencionó el pedido para que se interrumpan los plazos de trámites en materia de movilidad humana, que tuvo respuesta positiva de la Cancillería y dijo que, ante el nuevo estado de excepción, realizó una solicitud similar.

El acceso a la justicia, un derecho fundamental

En el evento, que contó con el apoyo de ACNUR, de la cátedra Unesco de Cultura y Educación para la Paz-UTPL y de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, también expuso Juan Rivadeneira, asociado de protección de ACNUR. Se refirió al marco jurídico y estándares internacionales aplicables al acceso a la justicia de migrantes y refugiados, al avance jurisprudencial en la región y buenas prácticas.

Explicó el concepto de acceso a la justicia según algunos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Interamericana de DD. HH, que es la igualdad ante la Ley y la imparcialidad de la autoridad. Dijo que otros documentos establecen no solo el acceso a tribunales, sino la eliminación de obstáculos, como la desinformación sobre sus derechos y la imposibilidad de presentar requisitos que exigen los Estados.

Rivadeneira nombró algunas acciones para materializar el acceso a la justicia como la alfabetización, difusión de derechos y orientación jurídica, que cuenten con perspectivas de género o etaria. Recalcó que el derecho internacional no admite ninguna reserva por parte de los Estados y que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental del que gozan todos los ciudadanos por igual.

Derecho a educación y salud

De la importancia del acceso a los derechos de salud y educación para personas en situación de movilidad humana habló Gabriela Muñoz Vélez, coordinadora ecuatoriana del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el Desarrollo Sostenible. Sostuvo que el país, desde 2015, recibió más de un millón de migrantes venezolanos, de los cuales más de 400.000 se han establecido de forma permanente, quienes generan una presión en los servicios de educación y salud.

Agregó que Ecuador tiene importantes iniciativas en cuanto a normativa, como la Ley de Movilidad Humana, pero que, en la práctica, garantizar los derechos se ha convertido en un gran desafío. Explicó que, según el Banco Mundial, el país habría necesitado, en 2020, alrededor de 80 millones de dólares para atender temas de educación y unos 28 millones para salud.