El concurso de jueces de la Corte Constitucional se frenó en la recta final

El concurso para designar a los tres nuevos jueces de la Corte Constitucional (CC) ha enfrentado distintas complicaciones. En inicio se puso en tela de duda el trabajo de la comisión calificadora, pues se hacía referencia al conflicto de intereses que tendría Fernando Yávar, uno de sus miembros, quien también fue abogado de la exministra Mónica Palencia. Después no se pudo conformar la veeduría y pese a su ausencia, el proceso continuó sin observación ciudadana.

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Durante la presentación de las ternas también hubo cuestionamientos a la probidad de los candidatos. Algunos superaron las impugnaciones y otros no, como la concursante Angélica Porras, quien presentó una acción de protección en contra de comisionados. 

Las fases avanzaron, rindieron la prueba escrita y el examen oral en una audiencia pública. Pero cuando parecía que se conocería a los tres mejor calificados, un supuesto impedimento apareció en contra del segundo aspirante con más puntaje, José Luis Terán, nominado en la terna de la Asamblea Nacional.

Aquel impedimento evitó que la comisión, presidida por Juan Izquierdo, emita ayer 28 de febrero de 2025 la lista de los tres finalistas para nuevos jueces constitucionales.

Terán solicitó que el Ministerio de Trabajo corrija esa condición, pues no se registraba impedimento alguno en octubre de 2024, cuando obtuvo el certificado de esa Cartera de Estado.

CNJ dispuso levantar el impedimento

Luego, el Consejo de la Judicatura envió un oficio a Trabajo para señalar que no había inhabilidad, pero la institución gubernamental decidió solicitar el pronunciamiento de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), quien la tarde del viernes respondió y dispuso que se levante el impedimento. “Cuando reciba (el Ministerio) la información, debe rectificar inmediatamente”, dijo Izquierdo.

Añadió que esperará a que se ejecute la disposición de la CNJ y después convocará a la prensa “para proceder a la designación” de los tres seleccionados. También notificará a la Asamblea para que, “en una sesión extraordinaria los convoque y posesione, según lo dispone el artículo 183 de la Ley de Garantías Constitucionales”.

Trabas en el concurso de jueces

¿Hay intereses detrás de los obstáculos en este proceso? “Son circunstancias que escapan a la comisión”, señaló el comisionado. Al ser consultado sobre los eventuales efectos de la acción de Porras, aseguró que ya recibió la notificación para celebrar la audiencia del caso en este mes y aclaró que ese recurso “no tiene ninguna injerencia” en el concurso.

Sin embargo, especialistas ven posibles intereses para dificultar la renovación de la Alta Corte. “Se juega una cuota de poder muy importante y al poder de turno le va a interesar tener jueces cercanos a su tendencia”, opinó el experto en Derecho Constitucional, Diego Zambrano. 

Explicó que por ese aspecto, aquellos jueces son designados para nueve años, porque así “se evita que no coincida con el período presidencial y para darle estabilidad a la jurisprudencia constitucional. Se le da independencia”, mencionó.

La Corte Constitucional tiene el control sobre todas las funciones del Estado, puede declarar la inconstitucionalidad de leyes, decretos y disponer medidas a los más altos niveles. 

Especialistas hacen recomendaciones

Para el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, organización que ha realizado la veeduría al proceso, este tipo de incidentes se deben a la “débil institucionalidad y de la ausencia casi total del Estado de derecho. Volvemos a reinventar las reglas del juego, volvemos a evaluar con rúbricas diferentes. ¿Por qué no podemos institucionalizar los concursos? Dependemos de la genialidad de los miembros de una comisión seleccionadora, cuando sabes que pueden representar distintos intereses, no solo políticos”, cuestionó.

La abogada Lolo Miño, directora del Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ), coincidió y acotó que ese es el principal motivo que afecta a los procesos de designación de autoridades. Cree que podrían superarse con leyes o normativas permanentes. 

También cuestiona la calidad de los comisionados y que el presidente Izquierdo habría argumentado que la falta de recursos ha incidido en la poca transparencia. “Esto hace generar suspicacias, desconfianza e inconformidad, que hará que los jueces entren en funciones con sombra de duda”, manifestó la especialista.

El postulante Terán desconoce las causas de estos percances. “Debe haber algún interés”, dijo y adelantó que, en caso de una eventual negativa del Ministerio para levantar su inhabilidad, ha preparado otros recursos. “Tengo todas las acciones listas”, aseguró.

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