Empezó la hora de definir causales. La comisión ocasional, conformada en la Asamblea Nacional para investigar una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas, tiene avanzado en un 85% su informe que, casi seguro, irá por sugerir el juicio político al presidente Guillermo Lasso.

El pleno legislativo concedió diez días más para que la comisión entregue sus conclusiones y recomendaciones. En ese tiempo, o antes, esperan completar el 15% que falta y terminar de configurar la que se convirtió, desde el 13 de febrero pasado, en la principal razón para buscar la destitución del mandatario: poner en riesgo la seguridad del Estado.

Para eso necesitan que comparezcan los policías que investigaron un supuesto caso de narcotráfico en el que se habla de un aporte de $ 1,5 millones a la campaña electoral de Lasso. Por eso, la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES), acudió ayer al Ministerio del Interior y la Comandancia de la Policía a entregar oficios a que se levante una supuesta orden de impedimento para que los uniformados asistan.

Eso, más la entrega de las cuentas de campaña que han sido solicitadas al Consejo Nacional Electoral (CNE), les ayudaría a cerrar el caso con una de las causales que sí establece la Constitución para llamar a juicio político al presidente. Para eso servirá la prórroga.

¿Qué pasa si no obtienen ni lo uno ni lo otro? “La comisión y el país asumirán como cierto todo lo que aparece en el informe (de antinarcóticos)”, dijo ayer Veloz.

La comisión se creó y empezó indagando la existencia de una estructura criminal en las empresas públicas, cuyo cabecilla sería el entonces presidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) Hernán Luque Lecaro que, aunque era cercano a Lasso, “no se ha encontrado que el presidente haya dado una orden”, dijo ayer Rodrigo Fajardo, de Izquierda Democrática (ID), integrante de esta mesa ocasional

De ser así, perdería fuerza el cohecho como causal, que también es analizado por algunos integrantes de la comisión. “Estamos analizando por el ámbito de la omisión”, agregó Fajardo, pero esa figura no está entre las que activa el artículo de la Constitución que habla del juicio político.

El legislador oficialista Juan Flores aseguró que la comisión no necesita la extensión del plazo que otorgó el pleno porque, a su parecer, el informe ya está hecho, al punto que aseguró que puede adelantar las conclusiones que presentarán los asambleístas de mayoría opositora que dominan esta instancia.

“¿Para qué necesitan diez días? Si ustedes han mencionado que tiene a 60 personas trabajando en un informe. Pero cuando acudimos al piso 7, al piso dos o a los pisos de los despachos (en la Asamblea) donde se supone debería estar trabajando esta comisión, no aparecen. O es que acaso están esperando que les envíen el informe desde México o Bélgica”, cuestionó Flores el martes, que se aprobó la extensión del plazo.

Respuesta

El ministro de Gobierno, Juan Zapata, aseguró ayer que no existe tal disposición de esa cartera de Estado para que los policías no acudan a la comisión ocasional. Es más, mostró un oficio que envió al comandante Fausto Salinas para que se informe que los funcionarios policiales no tienen prohibición.

Confusión

Zapata acudió ayer a la Comisión de Seguridad a una rendición de cuentas trimestral, pero ahí su presidenta, Patricia Núñez y otros legisladores le hicieron preguntas sobre el caso Encuentro, pese a que la resolución del pleno fue que ninguna otra comisión, excepto la ocasional, tendrá injerencia en el tema.