Noemí ingresa con su Vitara a la avenida Juan Tanca Marengo y se estaciona atrás de una fila de carros de quienes esperan para ingresar al Liceo Cristiano, a recoger a sus hijos, hermanos, nietos o simplemente ofrecen el servicio de expreso escolar.

Son las 11:20 del miércoles 4 de mayo pasado y el temor por ser asaltados y el calor que hace a esa hora obliga a casi todos esos conductores a mantener los vidrios arriba y el aire acondicionado encendido.

Noemí es una de las pocas personas que accede a conversar, con la condición de no detallar su identidad. Ella cuenta que sale de su hogar, en Samanes, solo por asuntos importantes, como transportar a su hijo hasta el colegio. “El otro día vi cómo asaltaban a un chofer en la avenida Francisco de Orellana, justo antes de venir a dejar a mi hijo”, dice la mujer, de 30 años, mientras está pendiente de lo que hace su hija, una bebé que va en un asiento especial para su edad.

El chofer de una furgoneta pita para que Noemí avance. De a poco, los carros se acercan a la institución que está protegida por un muro de concreto de unos cuatro metros de alto, de color café, que se levantó este año, cuando los menores regresan presencialmente a las aulas después de dos años de pandemia, como medida de seguridad ante la escalada delictiva y de violencia que en la actualidad se registra en la vía pública y en sitios privados.

Casi a diario han ocurrido balaceras entre bandas y organizaciones narcodelictivas que han provocado heridas y hasta muertes, no necesariamente de mafiosos, sino de niños, adolescentes y adultos ajenos a actividades ilícitas; además de asaltos y la posible presencia de expendedores de narcóticos, como de la temida ‘H’.

“Me parece bien que hayan construido el muro. Yo ya le he dicho a él (hijo) que no reciba nada de cualquier persona”, dice Milton, un padre de familia, a la salida del colegio, al intentar parar un taxi. A lo lejos, dos guardias de seguridad de la institución educativa están alertas ante cualquier novedad y tratan de suplir el patrullaje que no han recibido por alguna unidad policial, por casi una hora, aproximadamente.

Darwin Sangoquiza, jefe de Antinarcóticos de la Zona 8, asegura que están alertas ante cualquier denuncia que se reciba a través de la línea telefónica 1800-drogas (376427), el 911 o por informes que reciben de la Policía Comunitaria, aquella que debe recorrer los barrios: “Para conocer dónde consumen y venden sustancias ilícitas. Se despliega personal que, con Fiscalía, en muchas ocasiones se actúa en flagrancia”.

Esas acciones, afirma, han ayudado a detener a 263 personas y a sacar de circulación unos 3,4 millones de dosis de droga, de enero a abril pasados.

Sangoquiza también refiere que su departamento cuenta con personal que está listo para ofrecer charlas de prevención de consumo de drogas a estudiantes. Sin embargo, el oficial indica que no hay un cronograma de visitas a colegios, coordinación que debe hacerla el Ministerio de Educación: “Lo que hace falta es la articulación. Los chicos están expuestos y necesitan más garantías. Estamos prestos, las instituciones tienen que enviar un pedido”.

Diario EXPRESO solicitó, a través de mensajes de texto y un correo electrónico, una entrevista con el Ministerio de Educación, pero no hubo una respuesta.

Los rectores de otros colegios también han tratado de blindar sus instituciones y a sus estudiantes ante el avance del microtráfico y otro tipo de actividades ilícitas, ya que la población estudiantil representa un potencial y lucrativo nicho de mercado para bandas que se disputan territorios para la venta de alcaloides.

“Es una inversión porque la seguridad de los chicos no es negociable. Muchos colegios han optado por cambiar rejas por muros, otros por contratar guardias. Tener guardias privados no es barato, $ 3 mil por punto, se tiene que pagar un seguro especial para ellos”, enlista Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica (Fedepal), que agrupa a 80 centros de estudio.

Las instituciones educativas fiscales, en cambio, registran mayores vulnerabilidades ante las mafias del microtráfico porque hay establecimientos que carecen de controles en puertas, escasa vigilancia de videoseguridad, alumbrado público deficiente, entre otros detalles.

El reloj marca las 14:20 del miércoles y doña Bertha, vecina del colegio 9 de Octubre, en la ciudadela Huancavilca, en el sur, apunta con su dedo índice hacia la parte más alta de un poste donde debería estar el reemplazo de una cámara de seguridad que, dice, se la llevó personal del ECU-911 para repararla.

“Necesitamos que instalen la cámara porque aquí roban mucho, todas las semanas. También hay muchos consumidores y vendedores que llegan a este sector del colegio”, comenta la mujer mientras lava una olla con restos de arroz.

En los alrededores de la institución pública hay madres de familia que realizan las últimas compras de uniformes o útiles escolares. Varias de ellas se quedan en silencio cuando se aborda el tema del microtráfico. Sin embargo, cuando se insiste en que su silencio puede afectar a sus hijos, una de las mujeres cuenta que en la parte posterior del colegio llegan vendedores de ‘H’ desde Las Malvinas a la hora de la salida. Ella lo sabe, comenta, porque antes de la pandemia retiraba a su hijo mayor para evitar que lo aborde alguno de los traficantes de narcóticos.

En un recorrido por el perímetro del colegio, este Diario identifica a tres consumidores de drogas, quienes arman sus dosis ante la mirada de peatones. En el lapso de una hora solo se vio a un policía en moto que pasó a gran velocidad. “Aquí hay una UPC que no sirve para nada”, dice la mujer.