Sin queja no hay procedimiento. El Código de Ética implementado por el presidente Guillermo Lasso para los funcionarios de Gobierno está por cumplir un año y medio de vigencia, tiempo en el cual no se ha producido ninguna denuncia formal que amerite una investigación.

Esto, de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de la Administración Pública que, según el decreto firmado por el mandatario en mayo de 2021, es la encargada de velar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el documento en coordinación con las unidades de Talento Humano del Ejecutivo.

Eso pese a que alertas no han faltado. En la más reciente estuvo involucrado Xavier Vera quien fue ministro de Energía por seis meses y su gestión estuvo en entredicho desde el primer día pasando por presuntos conflictos de interés y, lo último, por la supuesta venta de cargos en Petroecuador y en la Agencia de Regulación y Control de la Energía.

Su salida se produjo solo cuando la Fiscalía allanó su vivienda dentro de una investigación por presunto cohecho. Para el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, esto no significa que el discurso de que no hay casos de corrupción en la actual administración se agotó. “La buena fe se presume, la mala fe se prueba”, dijo y agregó que “las investigaciones recién comenzaron”, en ese caso.

Al coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), capítulo Guayas, Ricardo Ramírez, le llama la atención que no exista dentro del Gobierno, al menos, una indagación en este tiempo en aplicación del Código de Ética.

“Esto lo que deja es ver que se trata de un documento onírico que no se puede o no se quiere aplicar, porque casos sospechosos ha habido y sigue habiendo. Algo similar a lo que sucede con la Secretaría Anticorrupción, creada por el propio Gobierno, y la oferta de crear una gran comisión anticorrupción que no se ha cumplido”, dijo Ramírez.

En la disposición final del decreto se señala que quienes incumplan los lineamientos podrán ser removidos de sus cargos por la respectiva autoridad nominadora, siguiendo el debido proceso aplicable, sin perjuicio de las acciones legales que pueden tener lugar.

Sin embargo, la Secretaría de la Administración aclaró a este Diario que entablar esos procesos legales no está dentro de sus competencias, mas sí colaborar en cualquier trámite o acción que ejecuten las autoridades competentes.

En agosto estalló el denominado caso Danubio en el que se investiga la venta de cargos públicos a cambio de altas sumas de dinero en las aduanas, Petroecuador y el Ministerio de Agricultura. Se mencionó al exconsejero presidencial en Asuntos Bananeros, Juan José Pons, aunque este asegura que se tomaron su nombre.

El caso sigue en investigación de la Fiscalía General del Estado que, en primera instancia, formuló cargos contra ocho personas de las cuales apenas una es funcionario público y no precisamente ocupa un cargo jerárquico.

Oposición se lleva el caso Danubio

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional resolvió que las investigaciones sobre el caso Danubio sean asumidas por la Comisión de Participación Ciudadana, dominada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC).

Eso, ante el reclamo que hizo esa mesa legislativa en vista de que la Comisión de Fiscalización también asumió la investigación de ese proceso.

El segundo vicepresidente de la Asamblea, Darwin Pereira, explicó que se tomó esa decisión porque se demostró que la mesa de Participación fue la primera en iniciar la investigación.

El detalle

Casos. La Secretaría Anticorrupción dice haber recibido 37 alertas que están bajo análisis