Claves para entender un juicio político en Ecuador y su impacto
Un exasambleísta y un especialista en temas legislativos defienden la trascendencia de este mecanismo de control político
En Ecuador, un juicio político es una forma de hacer control, de evaluar la gestión de funcionarios públicos. Se puede iniciar, según el artículo 131 de la Constitución, con la solicitud de al menos una cuarta parte de sus miembros. ¿Cuáles son las claves para entender un juicio político? ¿Por qué razones? Incumplimiento de las funciones establecidas en la carta magna y la ley. Actualmente se requieren 77 votos, mayoría absoluta, de 151 legisladores.
¿A quién se puede enjuiciar políticamente? A ministras o ministros de Estado, a la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública General, Superintendencias, los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, entre otros.
También a los integrantes del Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y de las demás autoridades que la Constitución determine, durante el ejercicio de su cargo y hasta un año después de terminado. También se puede enjuiciar al Presidente de la República.
El exasambleísta Luis Almeida señala que el juicio político es la institución que busca una sanción de tipo política, moral y ética; los fiscalizados tienen derecho a la defensa. "Ante una falta, un incumplimiento, no se puede dejar pasar, para eso está la acción fiscalizadora, se busca justicia pero en el plano político".
¿Será posible emprender juicios políticos a ministros de Daniel Noboa?
Pablo Santillán, abogado, especialista en temas legislativos, comenta que un juico político es la cereza del pastel del proceso de fiscalización, que arranca con la solicitud de información documental, comparecencias ante la Comisión.
Al especialista le parece que no se debería evitar el rol fiscalizador de la Asamblea Nacional, su trabajo debería ser complementario, así como el presidente es colegislador. Le ayudaría a detectar irregularidades en el manejo de gestión pública y podría permitir que el Ejecutivo tome correctivos.
Sin embargo, en las actuales circunstancias, en las que ADN cuenta con mayoría en el Pleno, "hay nulas posibilidades de que un ministro llegue al Pleno, para enfrentar un juicio político". Se necesitarían 101 votos, mayoría calificada, para enjuiciar a un ministro, a un integrante de la Judicatura o del CNE.
El caso de Guillermo Lasso
En mayo del 2023, el expresidente Guillermo Lasso llegó al Pleno, en medio del juicio político, emprendido por malversación de fondos. Los interpelantes fueron Esteban Torres y Viviana Veloz. Él prefirió evitar la destitución y eligió la muerte cruzada, disolviendo la Asamblea y terminando su período.
Sobre esto, Pablo Santillán señala que se debería reformar la Constitución para que no se pueda activar la figura de la muerte cruzada, en medio de un juicio político.
¿Para qué sirven los juicios políticos?
Luis Almeida, exasambleísta, recuerda haber emprendido unos nueve juicios políticos. Defiende la importancia de fiscalizar a las demás funciones del Estado. Subraya que en el 2021 inició el juicio político en contra de los vocales de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo, por arrogarse funciones y tráfico de influencias.
En el 2007, recuerda Almeida, empezó un pedido de juicio político en contra de Ricardo Patiño, hoy asambleísta y entonces Ministro de Finanzas. "Fue removido, Rafael Correa lo ubicó como Ministro del Litoral".
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