Mañana se cumple una semana desde que David, un niño de 10 años de edad, tiene una bala en su pierna izquierda, a la altura de la rodilla. Actualmente está internado en el hospital de Monte Sinaí y los doctores le han dicho que debe permanecer ocho días más en observación y que si desea que le saquen el proyectil debe tener la autorización de un fiscal. Caso contrario, su cuerpo vivirá con el fragmento de metal por el resto de su vida.

“Eran las 21:00 del martes y mi sobrino estaba dormido y lo despertó algo que le quemaba las piernas. Lloraba, gritaba y estaba desesperado. Lo trajimos al hospital, pero desde que llegamos han puesto peros para sacarle la bala. Me pidieron primero una denuncia en la Fiscalía y ahora la orden de un juez para poder extraerla. Si no está grave, ¿por qué no le dan el alta? Y si lo es, ¿por qué no le sacan la bala? Para ellos primero está la burocracia y no la salud”, relató Jessenia Morales, tía responsable del menor.

Desde el Ministerio de Salud se señaló que “toda bala es una evidencia y que debe tener una custodia” correspondiente y que no se retira la bala a menos que sea una decisión de vida o muerte y, además, que el paciente no tenga a alguien que pueda ir a presentar la denuncia en la Fiscalía.

Mauricio González, analista de servicios de dicho ministerio en la Zona 8, expuso que al retirarse una bala se inicia un proceso legal que arranca con el paso obligatorio de dar aviso a la Fiscalía, para que comience la investigación del caso. En otras palabras, ‘se curan en sano’ para no ser “cómplices y encubridores” porque, según explicó, ya se han registrado casos en los que el paciente miente al relatar los hechos y se demuestra lo contrario cuando llega la policía.

“El artículo 292 del COIP habla de la alteración de evidencia y que nuestros profesionales pueden ir presos de uno a tres años si extraen la bala sin la orden de un fiscal. Se puede perder la bala o quién sabe. Estamos en momentos muy complicados, ya hemos tenido violencia en casas de salud. Por ejemplo, la banda contraria quiere entrar al hospital a terminar el trabajo de matar al herido, o de su mismo grupo vienen a rescatarlo. Entonces lo que no queremos es vernos involucrados con nuestros profesionales, y mañana resulta que aunque sea en proceso delictivo, luego la policía diga que hubo alteración y que el fiscal se vaya en contra del doctor”, argumentó González.

David no es el único caso. Semanas atrás, Keyti, de seis años de edad, tuvo que ser intervenida dos veces después de que le dieron el alta. Ella fue traída por su madre tres días después de ser impactada por un proyectil mientras se sentaba a merendar. Los doctores le dijeron que podía vivir con el proyectil dentro de su organismo porque no iba a “bajar”. Cuando fue ingresada, la operaron en la espalda, pero la bala no estaba ahí. Hubo que “abrirla por la cadera porque sí había bajado y mi hija se quejaba del dolor, pero (la operaron) con la orden de un juez y porque vieron que la prensa me entrevistó”, cuestionó la progenitora de la niña, Viviana Carranza.

Walter Fernández, experto en cultura de paz y psicólogo clínico, enfatiza que en el caso de los menores de edad, debe intervenir inmediatamente el Consejo de Protección de Derechos, al menos de la ciudad de Guayaquil, por su realidad en situaciones de violencia y criminalidad, para evitar más casos así, con un protocolo específico para los niños y niñas.

“Puede ser que al recibir un disparo intencional o perdido, la policía tome la bala para que se designe como prueba y avanzar con el proceso legal. Porque hasta que llegue a la ley, demorará 24 horas, una semana para que cite a las partes y en 15 días el juez emite su pronunciamiento para que sea atendido. Hasta eso, muchas cosas pueden pasar en la vida del menor. Es inadmisible”.

Según Salud, cuando no se retira la bala también se informa a la Fiscalía justificando el motivo, pero no detalló por qué en esa situación no se considera a la bala tan importante como evidencia en la parte procesal.

Carranza cuestionó tajantemente esas afirmaciones, porque enfatizó que en ningún momento algún policía o agente fiscal la ha llamado a rendir versión, ni ha visitado su casa para esclarecer por qué su hija fue impactada por un arma de fuego. “Tampoco he tapado el techo, con el fin de que algún día cumplan con la supuesta investigación y visita que me van a realizar. Eso solo lo dicen para aparentar que hacen algo”, se quejó.

Los registros de la red pública de salud indican que tan solo en la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y Samborondón, han sido atendidos 411 pacientes con heridas de bala hasta julio de 2022. Sin embargo, Diario EXPRESO solicitó al departamento de comunicación nacional de la misma institución el total de los heridos por armas de fuego en todo el país, pero informó que no era posible darnos el dato estadístico porque en las fichas de ingreso se anota la morbilidad del paciente, es decir, el daño en el cuerpo por el que es atendido, mas no la causa que lo provocó. Situación que es contradictoria porque en meses anteriores sí había proporcionado esos datos estadísticos.

González defendió a la entidad al puntualizar que cumplen con protocolos que ordenan tipificar las patologías más urgentes para ser atendidas. “Nosotros podemos poner entre 3 y 4 registros como impresiones diagnósticas y no podemos escribir si la herida fue de bala, arma blanca, motosierra, palo. Esa parte no. Porque nosotros no somos parte del proceso investigativo y eso le compete a la Fiscalía. Eso es potestad del doctor con base en la gravedad de la lesión”.

Este Diario se contactó con un cirujano del sistema público de salud, quien trabaja en el área de emergencias y por cuestiones de seguridad prefirió la reserva de su identidad. Él señaló que si bien es cierto que en el diagnóstico preliminar no se tipifican las causas de la herida o lesión, sí se deben exponer luego de atender y poner a buen recaudo al paciente.

“Para eso está la historia clínica, ahí está el registro de lo que se le ha hecho al paciente, no solo en el momento sino en todas las atenciones que reciba. Al finalizar se llena una ficha y se pone que (la herida) fue provocada por un arma de fuego o blanca, según el caso. Lo que sucede es que (los médicos) no quieren que los llamen a declarar en audiencias, pues eso resta personal para atender pacientes. Por ejemplo, en una noche atiendo entre cuatro y cinco casos de heridas de bala o de arma blanca”.

Esta realidad es preocupante para el experto penalista Julio César Cueva, porque “así nunca van a cuadrar” los números de la Policía Nacional con los del sistema de salud. Y el Gobierno tampoco tendrá claro el retrato de la criminalidad en Ecuador, para así aplicar estrategias eficientes contra la inseguridad creciente.

“Si no hay un protocolo que les ordene a los especialistas registrar si la causa es por arma de fuego y la ponen como una lesión, se está engañando a la gente con los datos. Lo correcto es que no existan estos huecos, porque las estadísticas son importantes y deben estar ceñidas a la verdad justamente para saber qué medidas de prevención se deben tomar”.

Cueva manifestó que la única entidad que proporciona cifras sobre las muertes violentas es la Policía, pero no hay quien fiscalice el orden y la metodología de la segregación de los datos que dan a conocer.

Y añadió que la institución ya ha sido cuestionada por el drástico cambio que ha tenido en la presentación de cifras en meses pasados. “Nos anuncian que las cifras están a la baja y cuidado con relajar las medidas, porque tendremos serias consecuencias en seguridad, que creo que ya las tenemos, pues no se ajusta el asunto”, advirtió Cueva.

La Zona 8 es considerada el territorio con mayor criminalidad del Ecuador, con 939 muertes violentas hasta las 05:00 del pasado 1 de septiembre. Y en todo el país se acumulan 2.785 asesinatos, cuando en 2021 se registraron 1.291 en el mismo período. Menos de la mitad.

CUANDO EL PACIENTE ESTÁ SOLO

En caso de que un ciudadano llegue a una casa de salud en estado grave por heridas causadas por arma de fuego, el médico debe primero salvar la vida del paciente y de ahí dar aviso al departamento jurídico del hospital, a través de un informe.

De esta manera, dicho departamento se encarga de los trámites, siempre y cuando no tenga familiares o amigos que puedan acompañarlo o ir hasta la Fiscalía General del Estado para cumplir el procedimiento correspondiente solicitado por el Ministerio de Salud Pública.

De ser otro el panorama, se pide a un allegado que lleve a cabo dichos trámites.

González señala que siempre se ha solicitado este requisito legal, pero considera que el incremento de inseguridad hace que parezca que es un requisito reciente para ir ante la Fiscalía o solicitar la orden de un juez.

CASAS DE SALUD, EXPUESTAS

En el último año, la Gobernación del Guayas ha prestado ayuda junto a la Policía Nacional para resguardar la seguridad en los exteriores y alrededores de los hospitales públicos, sobre todo en la Zona 8. 

Esto porque cuando llega una persona baleada existen grupos que quieren ingresar a tratar de ‘terminar su trabajo’, es decir matarla; o en su defecto, gente que quiere salvar y sacar al herido de ahí para llevarlo a una atención privada o de otro tipo. 

“Los guardias de seguridad hacen lo que pueden, pero cuando ya sobrepasa su capacidad se avisa a la policía, para que intervenga. También hay quienes ya vienen con custodia policial” señaló Mauricio González, analista de servicios de Salud (Zona 8).

El funcionario admitió que hay un “aumento muy considerable de violencia y por ello pedimos apoyo a la Fiscalía y Policía con las denuncias como parte del protocolo”.

UNIFICACIÓN DE TRABAJO

Hace más de un mes se creó la Secretaría Nacional de Seguridad, encargada de consolidar los datos de todas las entidades que cuentan con acciones de inteligencia y contrainteligencia, para “una mejor coordinación del trabajo”, señaló su titular, Diego Ordóñez, quien antes era consejero presidencial.

De acuerdo con el funcionario, era necesario crear este organismo con el fin de que no se realicen solo “acciones reactivas, sino estratégicas para el fortalecimiento de la capacidad de inteligencia”.

Ordóñez aclara que no se trata de espionaje político, pero sí de recopilación de información para prevenir y reaccionar frente a las amenazas que se puedan presentar.

“Estamos formulando la creación de un sistema nacional de seguridad que no hay, porque solo hay entidades ejecutoras”, explicó.