El jueves concluyó la instrucción fiscal que investigó la existencia del posible delito de peculado en la compra de bonos por más de 200 millones de dólares que habrían efectuado exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).

Entre los investigados se encuentran los generales en servicio pasivo David Proaño y Enrique Espinosa de los Monteros quienes se encuentran con medidas alternativas a la prisión. Lo siguiente en este caso es que la jueza de la causa fije día y hora para la audiencia preparatoria de juicio en la que la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio, mixto o abstentivo. En la misma diligencia, en el caso de ser acusatorio el dictamen que emita el fiscal Martín Navarrete, este anunciará las pruebas que practicará en el caso de un llamado a juicio.

En este mismo caso, la semana pasada, el director del Isspol, coronel Renato Peñaherrera, reconoció la firma y rúbrica de la acusación particular presentada en nombre del seguro policial. 

A finales de septiembre, Espinosa de los Monteros, quien tenía tres medidas alternativas a la prisión, dejó de portar grillete electrónico. En una audiencia de revisión de medidas la juez dispuso le sea retirado el dispositivo electrónico porque le provocaba afectaciones a su salud, según un informe médico de la perito Cecilia Coba. Para Espinosa se mantuvo la obligación de presentarse ante la autoridad y la prohibición de salida del país.  

Durante la gestión de la exministra de Gobierno María Paula Romo se evidenció un posible perjuicio a los fondos de afiliados y pensionistas del Isspol por más de 800 millones de dólares por posibles inversiones de riesgo.

Según el director del seguro policial, lo ocurrido con las inversiones es un ejemplo de mala práctica policial. Dijo que no se trata de un caso aislado "sino de una estructura perfectamente bien coordinada de lo que denominamos crimen de crimen organizado, político, económico y transnacional". 

El funcionario policial explicó que la entidad tenía 1.500 millones en capital. De ellos, alrededor de 600 millones en préstamos a sus afiliados que es lo único que estaría garantizado. A esos recursos se suman alrededor de 950 millones que al momento están en la incertidumbre, divididos en siete segmentos de inversión.

Afirmó que en esos casos no existieron controles internos, cruzados, horizontales y verticales. Involucró en el tema a funcionarios de Decevale, de la Bolsa de Valores de Guayaquil, la Superintendencia de Bancos, la de Compañías, el Ministerio de Economía y  hasta del Banco Central. Las posibles anomalías se habrían registrado entre 2013 y 2019, en el primer semestre de 2020. 13 expedientes abiertos en la Fiscalía y uno en Estados Unidos. El más avanzado es el caso de los bonos.

Además de Proaño y Espinosa fueron investigados Carlos Carbo, Jorge Oswaldo Cherrez, Rafael Nuques, John Robert Luzuriaga, Luis Oswaldo Dominguez, Luis Alvarez, Alfredo Valverde y Santiago Duarte