“La consulta popular debió hacerse solo en la Amazonía, no (a nivel) nacional. Nosotros tenemos que decidir qué se hace aquí, así como hicieron con el Chocó Andino, que solo fue para Pichincha. Nadie sabe el mal de la olla, sino la cuchara”, manifestó a Diario EXPRESO Gabriel Tapui, habitante de la comuna Pilche, en la provincia de Orellana, sobre mantener el crudo bajo tierra.

En este territorio se encuentra el Parque Nacional Yasuní ITT, reserva ecológica que fue intervenida desde el año 2013 para iniciar la explotación petrolera en 2016.

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Tapui recuerda que desde el boom petrolero, en los años 70, dicha región no cuenta con suficiente infraestructura básica estatal, como escuelas, hospitales y carreteras. Además de la destrucción de la selva y la proliferación de enfermedades por la contaminación.

Sin embargo, reconoce que ante el abandono del Estado, son estas mismas empresas las que han llegado con educación, salud y trabajo al territorio. Por lo tanto, ven como un mal necesario la explotación de crudo, porque “necesitamos comer, estudiar y sanar”.

Los representantes de las comunidades están incrédulos ante el acatamiento del resultado en las urnas de no extraer crudo. 

“Han de paralizar, pero han de buscar la forma para sacar esos $ 400 millones. Creo que no se va a respetar el mandato, es necesario para el déficit que hay en el país”, comentó Nelson Rivadeneira, habitante de la comuna Edén, situada en el Parque Nacional Yasuní ITT.

Y precisamente este tipo de comportamientos son los que afectan gravemente la imagen de Ecuador en mercados internacionales. Una muestra es lo ocurrido en el último periodo, pues Guillermo Lasso ofreció en campaña presidencial incrementar la producción de 100.000 barriles diarios de petróleo y cerró su fugaz mandato dando paso al plebiscito.

Nelson Baldeón, experto petrolero, enfatiza que la penalización existente por la calidad del petróleo va a incrementarse, porque no existen garantías de sólidas negociaciones en el futuro. 

“En términos de geopolítica energética, los mercados internacionales han visto que Ecuador ya no va a tener ese crudo disponible, o al menos no es seguro en el stock. Es así como el castigo pasa a ser más grande: de $ 8 o $ 9 a $ 12, porque es algo que no tiene garantías y se va depreciando”.

Baldeón agregó que el hecho de desmontar una petrolera nueva con altas regulaciones y estándares de calidad, como las que se les exigió para ingresar al Yasuní, constituye un acto de torpeza si el objetivo es mejorar las condiciones de vida del país, o al menos no perjudicarlo con la ausencia de capital.

“El mundo sigue demandando petróleo y el Ecuador, que está generando un producto vendible, está generando una presión interna. Lastimosamente son los subsidios los que no nos hacen ver esa realidad”.

Pero muy aparte del comportamiento de los nichos internacionales a los que Ecuador quiere apuntar, están las afectaciones que se den en dos aspectos: en el ámbito económico, y en lo social y seguridad.

Robert Vaca, gerente de Amazon Wild Tours, lamenta que con solo el anuncio de la retirada de la petrolera, se hayan registrado bajas en el turismo, porque existe la percepción de que también disminuye el resguardo militar. Se considera que la provincia es un lugar olvidado.

“Los ambientalistas se rasgan las vestiduras desde la comodidad de sus casas en la capital de un país. Pero esa minoría no da una solución. A nosotros nos influye y a la vez nos pone en desventaja desde el riesgo país, la nula promoción del destino, las políticas de turismo y la falta de facilidades para llegar acá, no hay mantenimiento de las carreteras ni variedad de vuelos para que la gente conozca”.

Una muestra de dicha realidad es que en la mayoría de sus restaurantes no cuentan con bebidas gaseosas o jugos de grandes marcas. Ahí ofrecen té de guayusa, jamaica y limonada en el mejor de los casos.

La explicación de los comerciantes es que los proveedores no llegan con esos productos por la mala calidad de las carreteras. Y si pueden conseguirlos, lo hacen a valores muy elevador, que no resultan rentables para la venta.

En el tema social y de seguridad hay alertas más dramáticas, como la proliferación del contrabando de crudo, droga y armas, por el mismo hecho de que es selva y zona fronteriza. Eso se suma al poco control del tráfico de madera y especies nativas.

“Son pocos los que son de aquí y trabajan en petroleras, más es gente de afuera y que se queda a vivir acá. Ahora último hay mucha gente que hace perforaciones a los poliductos para robar combustible. La gente es comprada por plata por debajo o de organizaciones delictivas. Uno no puede hacer nada porque no hay ni policías ni seguridad”, lamentó Elías Grefa, comerciante de comida en la ciudad de Coca.

En Orellana, el 58 % de la población está a favor de la extracción petrolera, pues la mayoría de sus recursos provienen directa o indirectamente de dicha actividad, por lo que erradicarla de su territorio significa morir de hambre. La agricultura y el turismo no cuentan con la ayuda suficiente para poder ser el sustento de esta provincia.

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