Atacar el síntoma y no la enfermedad. En Ecuador, la receta que prescriben algunas autoridades de reformar las leyes para que los adolescentes menores de 18 años sean juzgados como adultos al incurrir en un delito de carácter penal, agravaría la problemática que tiene en terapia intensiva a la seguridad del país. Incluso, según expertos en derechos humanos y miembros de la Comisión de Seguridad del Legislativo, al final del día, los niños y adolescentes terminarían profesionalizándose en las cárceles. O, en términos figurativos, “sería igual a darle la espalda a los adolescentes” quienes, debido al sistema fallido de protección del Estado, son alcanzados por las bandas narcodelictivas para ampliar y sostener sus operaciones.

La más reciente recomendación la hizo el Ministerio de Defensa ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, el pasado 23 de noviembre de 2022. Allí planteó, como una solución para que los niños y adolescentes ya no sean reclutados por las bandas delictivas por su inmunidad penal, reformar el Código de la Niñez y Adolescencia en el que estipula, en su artículo 305, que “los adolescentes son penalmente inimputables, y no serán juzgados por jueces penales ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales”.

Norma a la que se acogen las personas menores de 18 años, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 38. También sugirió reformar esta ley. Esta propuesta, que no está en firme, replica el objetivo del proyecto de ley que presentó, el pasado 17 de noviembre de 2022, el asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas, para que los adolescentes que incurran en delitos como sicariatos, narcotráfico, secuestros, sean juzgados de manera penal.

Recomendaciones que, según María Gabriela Cuevas, jurista investigadora y jefa de cátedra de la carrera de derechos humanos Andres Bello, de la Universidad Católica, significaría un retroceso para el desarrollo del país, de aprobarse y ejecutarse en materia de derecho. “Es igual a que un doctor quiera atacar el síntoma y no la enfermedad. Sería darle la espalda a ese niño o adolescente que por no tener los derechos básicos, como una educación digna, salud y oportunidades de desarrollo profesional y laboral, cayó en las garras de las mafias que ofrecen contribuciones económicas a cambio de delinquir. El Estado falló desde que ese niño o adolescente no tuvo oportunidades de recreación y se encontró con estas bandas que se alimentan de esta necesidad”, expresa.

La medida que es planteada como una solución será evaluada entre los integrantes de la Comisión, con ayuda técnica, según Rodrigo Olmedo, asambleísta por la bancada de Izquierda Democrática y miembro de la Comisión de Seguridad. Sin embargo, desde ya, asegura que esta no es la vía correcta para que las mafias dejen de reclutar a menores en el país, pues asegura que “las organizaciones narcodelictivas nunca han respetado las leyes. Ellos seguirán utilizando a menores y mayores de edad y de todo el aparataje para cumplir con sus fechorías”.

Olmedo, en cambio, recomienda implementar una verdadera política pública y criminal y un plan nacional de seguridad. Y que a estos se les asigne un “verdadero” presupuesto.

El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, también asambleísta por Izquierda Democrática, califica la recomendación del ministro de Defensa, Luis Lara, como delicada y merecedora de una evaluación minuciosa. “Esto es un debate técnico y profundo. Aún no hay una propuesta en firme que haya llegado a la Comisión, sin embargo, se deben analizar las legislaciones de la región que han implementado esta medida para contrastar si han logrado una reducción de los niveles de uso de menores para cometer estos delitos penales”, manifestó.

Diario EXPRESO solicitó una entrevista al ministro de Defensa, Luis Lara, para conocer a profundidad el objetivo de la recomendación que hizo la cartera de Estado que preside a la mesa de Seguridad de la Asamblea, pero desde su equipo de comunicación refirieron que no era posible el contacto por temas de agenda.

Desde la experiencia de los profesionales en derecho penal y de la niñez, la propuesta no solucionaría los problemas de fondo que padece el sistema de rehabilitación social del país, tanto para chicos como para adultos. “Es un problema de política estatal”, diagnostica Kleber Siguencia, abogado penalista y exfuncionario del Ministerio de Justicia, quien contó a este Diario que a lo largo de su trayectoria ha podido identificar que el sistema para rehabilitar a menores es fallido.

“La rehabilitación social es muy mal manejada en esos centros de reclusión de adolescentes infractores. Lo que hacen es exponerlos. Como el adolescente que fue violado por sus demás compañeros y terminó incluso contagiado con VIH. No hay un control eficaz para que los adolescentes puedan ser rehabilitados”, cuenta Siguencia, y recalca que la llamada a reformar la ley es la Asamblea Nacional.

MENORES RECLUTADOS

• PUBLICACIÓN

Investigación de diario británico reveló que en Guayaquil se entrena a menores para traficar y matar. La Policía no determina que exista una ‘escuela’ como tal.

• ANTECEDENTES

El historial delictivo de los menores que hayan sido detenidos por cometer un delito penal será eliminado al término de las medidas socioeducativas impuestas.

• REHABILITACIÓN

De reformar la ley, como lo proponen las autoridades, los menores serían condenados a penas privativas de la libertad y serían recluidos en cárceles.