Virtual. Así será el anuncio de la sentencia contra 20 procesados, entre ellos Rafael Correa, sospechosos de posible cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. La emergencia sanitaria por el COVID-19 no deja espacio para otra alternativa. Los jueces dejarán a un lado las togas negras, recién implantadas por el Consejo de la Judicatura para darle solemnidad a la administración de justicia y a la actuación de los jueces, por trajes celestes de bioseguridad.

Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez pudieran ocupar el estrado cubiertos con mascarillas, guantes y gafas de protección. La indumentaria será parte del protocolo de bioseguridad, anunciado por la Corte.

Previo a que se lea la sentencia circularon rumores sobre el contenido de la sentencia en redes sociales. El propio Rafael Correa ha denostado a los jueces en su cuenta Twitter. "¿Cómo podemos tener jueces de esta calaña? Cualquier persona medianamente informada en Derecho sabe que este juicio es una payasada. Y sabemos que los otros dos jueces ya se alinearon con León, por la presión del Gobierno. ¡Qué triste!", escribió en su cuenta Twitter.

Los cercanos de Correa, algunos prófugos de la justicia como Ricardo Patiño también cuestionaron la legalidad del caso. El fin de semana la cuenta de correo del juez Iván León habría tenido un intento de hackeo. Al menos eso se evidencia de la información que circuló en redes sociales y que fue atribuida a una funcionaria judicial, en forma de denuncia. Se habló de miles de documentos pero se presentaron fotos de la pantalla del correo del juez.

A pesar de eso, en la Corte Nacional de Justicia se dispusieron tres salas de audiencia para la realización de la diligencia en la que habrá las distancias de seguridad si es que los abogados deciden ir a escuchar el anuncio. Para ellos se han preparado dos salas de audiencia en el mezanine. Otros lo harán desde la Corte de Guayas. 

Aunque en su mayoría han anunciado que no acudirán por las restricciones de movilidad dispuestas para frenar la pandemia del COVID-19 que en el Ecuador ya se acerca a los 4.000 casos confirmados y cerca de 200 muertos, reconocidos oficialmente.

La Fiscalía busca que los 20 procesados sean declarados culpables de integrar una supuesta estructura criminal dedicada a la captación y reparto de sobornos que habrían entregado contratistas del Estado, a cambio de hacerse e contratos en los sectores estratégicos. Los aportes presuntamente ilegales se habrían hecho en efectivo y con cruce de facturas. 

La fiscal Diana Salazar llevó 31 testigos y peritos, tres testimonios anticipados y alrededor de 100 documentos para probar su teoría. Señaló a Rafael Correa como el líder de la supuesta organización criminal. Los beneficiarios de las supuestas coimas habrían sido los cercanos colaboradores y el movimiento Alianza PAIS que mantuvo en el poder a Correa por más de 10 años. Las camisetas, los refrigerios, las pancartas, el pago de los desplazamientos de miles de supuestos simpatizantes, las sabatinas, las propagandas, la seguridad de los eventos, las concentraciones, los cumpleaños, los viajes, todo habría sido costeado por los contratistas. Se evidenció en el juicio con facturas, notas de ventas, contratos, testimonios y otros elementos.

Por eso la fiscal pidió para Rafael Correa, sus cercanos colaboradores, empresarios o representantes de empresas, el máximo de la pena aumentada en un tercio como autores del supuesto ilícito. Para Pamela Martínez, exasesora de Correa, exintegrante de la Corte Constitucional y para Laura Terán, su exasistente pidió que la pena sea de un 10 % de lo que reciban los demás. El beneficio es porque colaboraron con la Fiscalía para desvelar la estructura supuestamente criminal. Para un empresario la fiscal pidió que se le imponga un tercio de la condena. 

Ocho o más años de cárcel pudieran imponer los jueces a los procesados. Correa fue acusado de autor mediato del delito. Alfonso Zambrano Pasquel se incorporó en la defensa del expresidente. Dijo que en diciembre entregó a Fausto Jarrin, abogado de Correa, un informe jurídico sobre las falencias de la acusación particular de la Procuraduría General del Estado. "Los amigos comunes me consultaron la posibilidad de sumarme a la defensa de Rafael Correa y acepté la propuesta profesional que se me hizo", señaló a EXPRESO en marzo pasado.

Zambrano sostiene que la Fiscalía sostiene, sin pruebas, la acusación de autoría mediata en contra del expresidente. Para el abogado Jarrín, la acusación contra el exmandatario es una persecución política. Además de Correa, hoy se anunciará la sentencia para Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Wálter Solís, María de los Ángeles Duarte, Viviana Bonilla, Christian Viteri, entre otros sospechosos.

El juicio duró 13 días. La Fiscalía prescindió de casi el 80 % de testigos. Algo que, según abogados como Felipe Rodríguez, es normal en un juicio anunciar más testigos de lo que en realidad se ocupará. Eso ante cualquier eventualidad que sufran los testigos.