El caso del notario pasara a manos de un juez

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El caso del notario pasara a manos de un juez

El próximo 19 de noviembre se desarrollará la audiencia de formulación de cargos en contra del funcionario público.

El pasado lunes, el notario Elvis Rivas acudió a la Fiscalía de Daule para rendir su versión. Tras eso, ofreció disculpas.

La Fiscalía Provincial del Guayas ya tiene fecha para la audiencia de formulación de cargos en contra del notario 77 de Guayaquil, Elvis Rivas Arias, investigado tras una presunta agresión física y verbal a un grupo de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

El fiscal César Peña, de la Unidad Multicompetente de Daule, quien investiga el caso, habría encontrado indicios suficientes para determinar la implicación del funcionario público en el presunto cometimiento de los delitos de ataque y resistencia e intimidación, durante un control vial registrado el pasado 4 de noviembre, a pocos metros del puente Gonzalo Icaza Cornejo de ese cantón.

En el procedimiento fue retenido un camión, cuyo conductor no portaba la respectiva licencia para manejar ese tipo de vehículo. El chofer es hermano de Rivas, quien llegó al sitio e increpó la actuación de los uniformados, a quienes amenazó con hacerles dar la baja.

El caso se conoció cuatro días después, por un video que se hizo viral en redes sociales, lo que fue repudiado por autoridades como el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, quien presentó una denuncia junto con el director de la CTE, por los delitos de ataque y resistencia e intimidación. A ellos se sumaron las denuncias de otros dos vigilantes.

Tras rendir su versión en la Fiscalía, el notario ofreció disculpas a los agentes de Tránsito, así como a la prensa y a la ciudadanía por su comportamiento. Aseguró estar arrepentido y atribuyó ese proceder a problemas acumulados y de salud.

“Son expresiones que no las debía de haber manifestado, los problemas se nos acumulan y nos hacen actuar de esa manera, ando mal de salud, yo soy diabético, hipertenso y tomo medicinas, varias cosas se sumaron ese día, mucho estrés”, dijo el pasado lunes al salir de la diligencia.

Se espera que el próximo 19 de noviembre se instale la audiencia en la Unidad Multicompetente de Daule, donde el fiscal Peña expondrá los elementos que lo llevaron a solicitar el inicio del proceso penal en contra de Rivas, por lo que sería una concurrencia de infracciones, que podría llevar al acumulamiento de penas por los dos delitos. El de ataque y resistencia es sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años; mientras que el delito de intimidación es castigado con uno a tres años de cárcel.

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Juan Vizueta Ronquillo, abogado del notario, señala que su cliente se ha convertido más bien es un “conejillo de indias”, con el cual se pretende enviar un mensaje al resto de la ciudadanía, en vista de las reiteradas agresiones que se están generando en contra de uniformados.

“Cuando más bien eso debía haber generado una reflexión al gobernador, respecto a por qué se están generando este tipo de actos... Por los abusos que se cometen por parte de uniformados que en muchas de las ocasiones están involucrados también en actos de corrupción y que no es nada nuevo en el país...”, dice el jurista.

Vizueta lamenta que no hayan servido las disculpas públicas que dio Rivas, en algo que considera no hubo delito de ataque y resistencia, que involucre un hecho de mayor magnitud.

“Si ha existido algún acto fuera de lo normal, él como un caballero ha considerado dar las disculpas necesarias para evitar justamente que esto trascienda; lamentablemente, vemos que no sirvieron de mucho y vemos que más bien sirvió para demostrar debilidad frente al gobernador de la provincia, que ha comparecido a la Fiscalía sobre hechos que solo conoce por videos... Eso ha llevado que no solo se pida la sanción del funcionario sino su destitución del cargo”, por parte del Consejo de la Judicatura, que anunció la apertura de un sumario disciplinario; pero, según se indicó, no ha sido notificado.

El abogado cree que el hecho sería “una mera contravención porque ni siquiera hay un reconocimiento médico por parte de los supuestos agredidos...”.

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