Alegan su inocencia. Hasta el cierre de esta nota, la audiencia de formulación de cargos por el caso Metástasis, iniciada el 14 de diciembre, se ha extendido por más de 15 horas. Desde la madrugada del 15 de diciembre, los acusados han rebatido los argumentos expuestos por la Fiscalía General del Estado (FGE) para motivar su pedido de prisión preventiva.

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Entre el 13 y el 14 de diciembre, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional llevaron adelante más de 75 allanamientos en el país en el marco del caso Metástasis. Según indicó la fiscal general Diana Salazar, se indaga una estructura criminal "incrustada en todos los niveles del Estado y está vinculada directamente al narcotráfico".

Uno de los acusados que rebatió los argumentos del Ministerio Público fue el exjuez Ángel Lindao Vera, quien laboraba en la Unidad Judicial de La Concordia. Según la tesis fiscal, el exmagistrado participó de la estructura criminal a través de una acción de protección que concedió y tuvo como efecto la devolución de bienes a Leandro Norero.

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Sin embargo, Lindao indicó que para ser involucrado en la acusación fiscal de delincuencia organizada, los actos imputados debieron ser reiterativos. Algo que, según el exmagistrado, no se demuestra con la referencia puntal de la acción de protección, misma que explicó.

La acción de protección que concedió Lindao, según justificó, no la presentó Norero, sino Carlos Párraga, representante de la empresa Lion Realty Inc. "A la fecha de la audiencia de   la causa de lavado de activos, la compañía no estaba siendo procesada (...)", acotó.

Por otro lado, la defensa del cabo Ángel Leal Pincay, quien labora en la Dirección de Delitos Contra la Vida (Dinased) de la Policía Nacional, argumentó que en los chats referidos por la fiscal Salazar no se han determinado conversaciones con su defendido.

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"Mi defendido desconoce a cada uno de los procesados aquí presentes", soltó la defensa de Leal e indicó que la precisión es importante, ya que, según la tesis del Ministerio Público, el cabo de la Policía habría "facilitado información" a algunos del resto de acusados.

Del mismo modo, la defensa del señalado Braulio Mera Ordóñez, quien Fiscalía acusó de ser un operador que entregaba dinero, sostuvo que "no sabemos el origen de los chats usados" por el Ministerio Público. Asimismo, que el parte policial referenciado no constituye por sí solo un elemento de convicción para ordenar la prisión preventiva.

Por otra parte, la defensa de Armando Flor Aguirre, señalado por la Fiscalía como testaferro de Leandro Norero, sostuvo que su defendido no es mencionado en ninguno de los chats mostrados por la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

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"No existe ninguna sentencia o proceso en su contra (por testaferrismo)", acotó la defensa de Flor Aguirre y señaló que, como indica el parte policial, no posee antecedentes penales. Además, sostuvo que la Fiscalía General del Estado tampoco ha singularizado los bienes que presuntamente administraría su defendido y que pertenecerían a Norero.

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