Una tarea compleja, pero que da sus primeros pasos. Hasta el cierre de esta edición, alrededor de una treintena de servidores judiciales, carcelarios y policiales, entre ellos el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fueron detenidos en el marco del denominado caso Metástasis.

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El proceso, según detalló la fiscal Diana Salazar, se desprende del asesinato de Leandro Norero, ocurrido en octubre de 2022, mientras guardaba prisión preventiva en la cárcel de Latacunga. De acuerdo con Salazar, se evidenció una “estructura criminal incrustada en todos los niveles del Estado y vinculada directamente al narcotráfico”.

Una afirmación tan dura como cierta, sostiene Roberto Gómez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, pero que materializa un secreto a voces: el narcotráfico ha permeado el Estado ecuatoriano.

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“De otra manera no se explica cómo (en el caso de la justicia) se han dado libertades tan fácilmente luego de que la policía aprehenda (a los criminales)”, dice y resalta que es una iniciativa que puede propagarse, pero que necesitará de apoyos.

La depuración del Estado, insiste Gómez, no solo depende de personas, sino de instituciones y de estructuras. “Que esta sea la ocasión para que los poderes públicos, el presidente y los legisladores se convenzan de una reforma al Estado”.

Y es que las instituciones por observar y las reformas por realizar no son pocas. “El narcotráfico ha permeado algunas entidades como las fuerzas del orden (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), la Función Judicial, la misma Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras más”, acota el expresidente Gómez.

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En esa misma línea, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), Germán Rodas Chaves, sostiene que para seguir las pistas del narcotráfico en otras instituciones del Estado, será importante la agilidad del trabajo del Ministerio Público y de las demás autoridades de control.

“Las investigaciones posteriores a las declaraciones de los detenidos (por el caso Metástasis) son importantes para seguir la ruta. Eso permitiría actuar de una manera importante en las siguientes horas”, anota Rodas y recuerda que, a la par, se debe profundizar la depuración de la Función Judicial.

De hecho, desde el punto de vista procesal, Mariana Yépez, ex fiscal general del Estado, recuerda que en la etapa de instrucción fiscal dentro del proceso judicial se podría incluir a más personas vinculadas al caso planteado, a raíz de las pruebas y testimonios que rindan la treintena de detenidos.

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Por otro lado, desde el ámbito político, Yépez estima que la mejor manera de apoyar en la erradicación del narcotráfico y la depuración del Estado es no apuntar a la cabeza de quien está liderando el proceso. “La forma de alentar es no estar amenazando a la fiscal Diana Salazar con un juicio político”.

Además de los cambios y la tregua política, Marcelo Merlo, expresidente del Consejo de la Judicatura transitorio, resalta la importancia de iniciar una cruzada en contra de los elementos permeados por el narcotráfico, para avanzar en la purga del Estado ecuatoriano.

“La sociedad civil, la prensa y los actores políticos son claves para esta lucha”. Sin embargo, recuerda que en el caso de la política, en su momento el exlegislador Fernando Villavicencio (+) denunció vínculos del narcotráfico con esta esfera, en especial en la Asamblea.

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De hecho, Ramiro García Falconí, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, observa que ya existen pronunciamientos variados. “El narcotráfico y la criminalidad organizada, así como tienen sus tentáculos en las entidades, los tienen en las organizaciones políticas”.

Coincide en que la propagación de esta lucha contra el narcotráfico en el Estado pasa por el trabajo de más personas en cada uno de sus sectores. “La fiscal Salazar hace su parte, pero los jueces también tienen que hacer la suya. De nada servirían los esfuerzos si los magistrados son puertas giratorias”.

El trabajo por separado de los elementos mencionados por los consultados en esta nota, según Roberto Gómez, no generará resultados efectivos en la lucha contra la penetración del crimen. “Es una lucha que se emprende desde varios frentes, con coordinación y con buenos elementos”, recalca y advierte que, de no ser así, se materializa una verdad incómoda: Ecuador está a un paso de ser un narco-Estado.

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