Turistas electorales

Cuando veo las intervenciones del CNE, pareciera que lo más importante para ellos es el calendario electoral: si llueve fuerte o se inunda, para ver si lo posponen o continúan. Pero el CNE debe examinar otros problemas de fondo que condicionan quién participa, dónde vota y quién elige.

Si revisamos la información oficial, tenemos 4.399 recintos y 13,3 millones de electores en el país, según los datos y la cartografía del Censo 2022 del INEC.

Si se compara el total nacional de electores, este, como es lógico, se aproxima a la población estimada en edad de votar; sin embargo, esa coincidencia oculta serias discrepancias territoriales.

La importancia de actualizar el domicilio electoral

Estas discrepancias no se generan por errores en el padrón ni mucho menos fraude; lo que nos muestra es que muchas personas que, por ejemplo, viven o trabajan en Daule continúan inscritas en Durán, donde antes residían, lo que implica que en estas elecciones, miles de ecuatorianos van a elegir autoridades de un territorio en el que muy probablemente ya no tienen ningún interés, y sin embargo dejarán de participar en la elección de autoridades del sector al que sí pertenecen y por lo tanto de su interés. Es decir, tenemos una especie de turistas electorales que, elección tras elección, viajan a comerse el encebollado en el antiguo distrito al que algún día pertenecieron, sin incidir con su voto donde deberían sufragar.

Este desfase entre la residencia actual y el domicilio electoral ‘histórico’ afecta de manera significativa la representación.

El CNE debe trabajar de manera coordinada con el Registro Civil, el INEC y los gobiernos locales para educar a los votantes sobre la importancia de actualizar el domicilio electoral. Es imprescindible depurar nuestro padrón electoral para que los votantes domiciliados elijan correctamente a las autoridades que realmente los representen.

La democracia exige más que un calendario, pronósticos del clima y un escrutinio; exige también una representación vinculada a la vida de las personas, pues eso es justamente el derecho de participación y de elegir que nos garantiza nuestra Constitución.