Caso Jaguar: “Si hay capitanes y mayores metidos, ¿por qué nosotros no?”
Con dinero y drogas se reclutaba a policías de Ecuador para entregar información a organizaciones narcodelictivas
El caso Jaguar revela con detalle cómo las organizaciones criminales ofrecen altas sumas de dinero a cambio de información sobre operativos e investigaciones en curso.
La información es poder. Para un grupo armado organizado, significa estar un paso adelante de las autoridades y evadir la justicia. El riesgo es tal, que el comandante del Ejército, Henry Delgado, no descarta que la emboscada en la que murieron 11 militares durante un operativo contra la minería ilegal en Orellana se haya facilitado gracias a la compra de información.
Aunque la investigación sobre lo ocurrido con los militares apenas comienza, el caso Jaguar ya muestra, con evidencias, cómo la delincuencia organizada ha infiltrado a las fuerzas de seguridad del Estado.
El proceso N° 17U05-2024-00093 arrancó el 19 de abril de 2024 con la audiencia de formulación de cargos, aunque la investigación se había iniciado más de dos años antes. De los 12 procesados, solo dos permanecen en prisión preventiva. El pasado 7 de mayo, el proceso fue declarado nulo desde la audiencia preparatoria de juicio, debido a que la jueza María Fernanda Castro Angos fue suspendida mientras el Consejo de la Judicatura analiza su destitución, tras una declaratoria de error inexcusable.
El inicio del caso: la red de Telmo Castro
La investigación comenzó en 2022, cuando un agente de la Policía Nacional abandonó su puesto en la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) y desapareció del país. Primero viajó a Chile y luego reapareció en Estados Unidos, donde solicitó asilo.
Antes de huir, dejó un manuscrito, un teléfono celular y una memoria USB que revelaban la existencia de una estructura delictiva dentro de la Policía. Esta red tenía como objetivo reclutar a otros agentes, en especial a los de la ULCO.
Cada reclutado debía trabajar para la organización criminal liderada por Wilder Emilio Sánchez Farfán, alias “el Gato Farfán”, considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del país, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Farfán fue detenido en 2023 en Colombia y extraditado a EE. UU.
A esta red se le atribuyen laboratorios de droga, embarcaciones y avionetas ilegales para el tráfico de estupefacientes, armas y dinero. Sus vínculos llegan hasta el Cártel de Sinaloa, a través del narcotraficante Telmo Castro. Actualmente, se cree que la red aún opera con la colaboración del grupo criminal Los Lobos.
Uno de los eventos clave ocurrió el 1 de abril de 2019, cuando una avioneta ilegal fue interceptada tras aterrizar en los terrenos de la frustrada Refinería del Pacífico. Ese día fue detenido José Luis Bravo Mendoza, exagente de la Dinased, junto con Elton Alexander Aguilar Vélez, policía en servicio en la Policía Judicial del Guayas.
El retorno del agente vinculado a la narcoavioneta
Seis años después, Bravo Mendoza reapareció en una investigación por delincuencia organizada transnacional. Había obtenido beneficios judiciales que le permitieron salir de prisión. En 2022, junto a Aguilar Vélez, reclutó al agente de la ULCO que más tarde huyó del país. Le ofrecieron un salario de 3.000 dólares mensuales a cambio de información sobre operaciones policiales en contra de la red de Farfán.
Además, le propusieron aumentar sus ingresos si demostraba lealtad. Tras seis meses de colaboración, podría “invertir” tres kilos de droga en uno de los envíos y, si el cargamento llegaba a destino, ganaría hasta 60.000 dólares, según consta en la investigación fiscal.
El agente también habría sido responsable de tomar fotografías de vehículos policiales y de agentes en Machala, para facilitar atentados ordenados por los cabecillas de la organización.
Reclutamiento desde el interior de la Policía
A partir de las pistas del agente que huyó, la Fiscalía identificó a más uniformados en servicio activo que ofrecían dinero a compañeros a cambio de información sobre operaciones e investigaciones en curso contra la red del Gato Farfán.
Uno de los casos es el del cabo primero Edwin Isaac Maliza Villavicencio, funcionario de la Sección de Armas de la Policía en Guayas. Según el expediente, Maliza contactó a un compañero y le dijo:
“Body, el tren pasa solo una vez. ¿Por qué estos hdp de los oficiales pueden hacer plata y nosotros no? Si hay capitanes y mayores metidos en la vuelta, ¿por qué nosotros no?”
El testigo relató que Maliza le mencionó que la organización narco ofrecía 150.000 dólares como pago inicial, seguido de un sueldo mensual. Eso sí, advirtió: “que no se tuerza y que no salga con huevadas”.
Fuente: caso Jaguar 17U05-2024-00093
“Me indicó que el trabajo era fácil, que ya había una persona en cada unidad y solo faltaba uno en la ULCO, porque el anterior ya no estaba. ‘Solo quieren que les avises si alguno de sus integrantes está siendo investigado’, me dijo”.
El 3 de febrero de 2024, otro agente de la ULCO fue contactado por teléfono por Maliza:
“Querían a alguien ‘vivo’ en mi anterior unidad. Le pregunté para qué querían a alguien de la ULCO. Me dijo que era una buena oportunidad, que había un billete. Le pregunté qué significaba ‘F’ y me explicó que eran personas que avisaban cualquier operativo en curso. Me dijo que, si estaban siguiendo a alguien, la idea era ponerle pilas”. Todo esto a cambio de 100.000 dólares.
Otro policía también revela que una forma en la que fue contactado por la red criminal fue a través de redes sociales. Una mujer lo contactó por Facebook, mantuvieron conversaciones hasta que ella le citó en un hostal. Allí, según la investigación, también llegaron policías corruptos para hacer la oferta.
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