La Contraloría, el organismo responsable de la supervisión de la gestión y del uso de los bienes y recursos estatales, ha estado sumida últimamente en una inestabilidad administrativa y escándalos de corrupción. Desde 2017 ha estado dirigida por un titular y tres subrogantes. Tras la renuncia de Valentina Zárate como subrogante del excontralor Pablo Celi (actualmente procesado penalmente por presuntos delitos de corrupción) y respaldado por un acto administrativo emitido por este, Carlos Riofrío asumió esas funciones desde el pasado 25 de junio.

- ¿En qué cambios ha trabajado para mejorar la menoscabada imagen de la Contraloría?

- Hicimos una evaluación completa de la ejecución de los planes de control de todas las unidades a nivel nacional, a fin de determinar que se ejecuten conforme lo establece la ley. Hemos enviado hasta ahora 108 informes con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía, pues algunos de ellos no se habían tramitado desde 2018, 2019 y 2020. También hemos trabajado para emitir los informes de pertinencia para la contratación pública.

- Y dentro de los procesos de control interno, ¿qué novedades encontró?

- Hay trámites que no se habían ejecutado de manera oportuna. Hasta la fecha he suscrito resoluciones confirmatorias con responsabilidades civiles (glosas) por $ 264 millones. También hemos tramitado y aprobado 143 informes generales. Estamos concluyendo, espero que hasta diciembre, la recuperación de los expedientes que fueron afectados por el incendio de octubre de 2019. Hasta ahora, 47.000 han sido recuperados.

Riofrío destaca entre los últimos informes aprobados los exámenes especiales a las adquisiciones de medicinas e insumos médicos en los hospitales del IESS Teodoro Maldonado Carbo y Ceibos, de Guayaquil. De dos auditorías al primero, se determinaron glosas por 3’686.453 y 5’029.437 dólares y dos informes con indicios de responsabilidad penal por 849.922 dólares. De la segunda casa de salud nombrada, en donde se hicieron compras mediante convenios de pago, se descubrió un perjuicio de 1,8 millones de dólares, por sobreprecios.

- Si bien los informes de pertinencia servirán para mejorar el control a procesos de contratación pública, ¿qué hay con los convenios de pago, cuya utilización ha sido una práctica común para pillerías?

- Estaremos allí para poner las observaciones que correspondan. Pero la Contraloría hace un control posterior, y ya es responsabilidad de las mismas entidades e instituciones públicas que tengan sus controles propios.

- Y dentro del control interno de la Contraloría, ¿ha habido desvinculación de funcionarios?

- He solicitado que se haga una evaluación a la estructura de la Contraloría, de las direcciones provinciales y nacionales. Lógicamente hemos tenido que hacer algunos cambios de personal, que ha sido sustituido por funcionarios de carrera que cumplen con el perfil y tienen una hoja de vida en blanco. Se me vienen a la memoria no más de 10 personas que pudieron haber salido de la institución.

- ¿Durante su gestión se han desvanecido glosas?

- Entiendo que hay desvanecimiento de glosas, pero no he firmado ninguna todavía, están en estudio. A la fecha (desde 2007) se han emitido resoluciones confirmatorias de responsabilidades administrativas, civiles (glosas) y órdenes de reintegro por un total de $ 4.372’292.029, y se han realizado desvanecimientos por $ 823’998.885,47, lo que equivale al 16 %.

- ¿Es legal desvanecer glosas?

- Quiero ser bien enfático: es un proceso que está regulado en la Contraloría. (Los desvanecimientos) Se hacen a través de un informe técnico, con un estudio que realiza la Unidad de Juzgamiento. De ninguna manera son ordenados por alguna autoridad en particular.

- ¿Qué motiva a desvanecer una glosa?

- En la mayoría de los casos tenemos desvanecimientos porque hubo devolución de los recursos. También porque se justificó lo que en el periodo de la auditoría no se pudo hacer porque no se presentaron los justificativos, o tampoco en la etapa de predeterminación. Y ya para la determinación de responsabilidades, inclusive cuando solicitan un recurso de revisión y presentan documentos que no se habían presentado antes. Esto conlleva a que nosotros legalmente desvanezcamos una responsabilidad, a veces total o parcialmente, dependiendo de los justificativos.

- Usted fue nombrado por Pablo Celi. ¿Fue su amigo o cercano?

- La única relación que mantenía con el excontralor fue netamente laboral.

- Pablo Celi fue censurado en la Asamblea y es señalado en un proceso penal como parte de una aparente estructura delictiva que desvaneció glosas y desapareció documentos importantes. ¿Qué conoció usted de esos presuntos hechos?

- No puedo dar ninguna información, porque no conocía. Mi trabajo en estos 30 años ha sido en auditoría, y este proceso llega hasta la aprobación de los informes. No estaba dentro de nuestro ámbito o atribución el desvanecimiento de glosas. No conocí a lo interno que existiera alguna organización respecto de desvanecimientos, ni mucho menos.

- El asambleísta Fernando Villavicencio afirma que hubo una falta de colaboración de la Contraloría en la entrega de documentación, como por ejemplo la acción de personal emitida por el excontralor Carlos Pólit con la cual cesaba a Celi como subcontralor.

- Todos los pedidos que ha hecho la Asamblea para su tarea de Fiscalización han sido entregados en su totalidad. Toda la documentación de la que dispone la Contraloría ha sido presentada, no se ha ocultado absolutamente nada. Si se refiere a un documento que no existe en los archivos, es muy difícil que nosotros lo podamos entregar.