La mayor incautación de aletas de tiburón en la historia de Hong Kong llegó desde Ecuador.

Las 26 toneladas de carga ilegal zarparon en enero, pero recién fueron descubiertas entre el 28 de abril y el 4 de mayo.

Según las autoridades aduaneras de la ciudad asiática, dos contenedores, que arribaron con diez días de diferencia entre sí, sonaron las alarmas porque la descripción del contenido estaba en español, algo inusual para un producto de importación. Al abrirlos, encontraron trescientas bolsas de nailon con las aletas.

Según el diario South China Morning Post, la carga estaba valorada en $ 1,1 millones. El producto había sido extraído de tiburones martillo y sedoso, ambos en las listas internacionales de especies protegidas.

Para Ecuador, la noticia vino como una sorpresa. El miércoles en horas de la noche, la Fiscalía General del Estado anunció que “articulará canales con la Embajada china para solicitar información respecto a este delito”, mientras que el Ministerio de Ambiente anunció una investigación interna, que estará a cargo del Viceministerio de Acuacultura y Pesca.

Esta última entidad es la encargada de autorizar la actividad de pesca extractiva en el país, a través de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros. EXPRESO intentó contactarse con el ente, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

A través de su cuenta de Twitter, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, titular de dicha cartera, indicó que el pasado 21 de abril se publicó la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, normativa que “refuerza la ley vigente” y que estipula una sanción de 700.000 dólares para la pesca no declarada y no reglamentada.

Pero el país tiene una legislación compleja con el tema de la pesca de tiburón. En 2004 el gobierno de Lucio Gutiérrez prohibió la pesca y exportación de esta especie, incluso de los ejemplares que fueran capturados de manera fortuita o accidental. El decreto se eliminó en 2007, para permitir el consumo y la venta de tiburón proveniente únicamente de la “pesca incidental”. Desde entonces, el hoy extinto Ministerio de Acuacultura y Pesca laboraba con los comerciantes de productos derivados del tiburón para que se respetaran las normativas internacionales con respecto a las especies protegidas y se cumpla la regulación vigente.

Los resultados, sin embargo, no siempre fueron positivos. Entre 2014 y 2019 se han decomisado numerosas cargas de aletas de tiburón obtenidas bajo la pesca no declarada. Una de las más grandes se incautó en Manta en 2015, donde se encontraron cerca de 100.000 aletas listas para exportar. En 2018 la situación se repitió.

Según el exministro de Ambiente Tarsicio Granizo, la pesca incidental se debe revisar. “Un Ministerio de Ambiente sin recursos no puede controlar cosas como lo sucedido con los tiburones. Un MAE debilitado no tiene poder para sancionar. Las universidades sin presupuesto no pueden hacer investigación y monitoreo del impacto de la pesca incidental de tiburones”, subrayó.

La última cifra sobre la pesca incidental de esta especie en el país data de 2016. Ahí, el Instituto Nacional de Pesca determinaba que el índice de captura era de 10.132 toneladas al año desde que se eliminó la prohibición.

Según el contralmirante Darwin Jarrín, comandante de la Fuerza Naval, la Marina tiene jurisdicción solo sobre los delitos flagrantes. Estos se cometen cuando son buques extranjeros los que ingresan a aguas nacionales, o cuando las embarcaciones nacionales no tienen autorización para la pesca extractiva. “En este caso, es la Subsecretaría de Pesca la que debe analizar la trazabilidad de esa pesca y su proceso de exportación”, dijo.

Mientras tanto, la Cancillería solicitó al Gobierno chino la intervención de sus autoridades para esclarecer los hechos.