La inseguridad no se resuelve en las urnas

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La inseguridad no se resuelve en las urnas

Ir a consulta popular es la propuesta que ronda en el Gobierno. Expertos alientan a luchar contra la corrupción en las cárceles

Autoridades de Gobierno
El pasado seis de abril, las autoridades relacionadas a la seguridad se reunieron con el presidente Guillermo Lasso para analizar estrategias.Cortesía / Presidencia de la República del Ecuador

A las autoridades no les desagrada la idea de preguntarle a la ciudadanía ¿qué hacer con el descontrol de las cárceles del país? El ministro del Interior, Patricio Carrillo, señaló la semana anterior a Diario EXPRESO que la pregunta apuntaría por el endurecimiento de penas y de cambios en la condena de un preso en caso de darse actos de indisciplina.

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“Hay la posibilidad de llevar a una consulta popular. Que todo aquel que comete un acto de indisciplina pierda todo beneficio y pueda aumentar su pena en centros de máxima seguridad”, expuso en entrevista el ministro Patricio Carrillo.

Joan Paúl Egred, experto penalista, argumenta que este tipo de propuestas responde a ofertas demagógicas porque “la consulta popular lo que permite es aprobar un cuerpo normativo o reformas de fondo constitucional o sobre la estructura del Estado. Preguntar si deseamos nuevas leyes para castigar delitos no solo es ambiguo, sino carente de todo sustento legal” apuntó.

Agrega también que el endurecimiento de penas no disminuye el índice delincuencial en “ningún país del mundo”. Sostiene que cuando una persona comete un delito “lo va a hacer sin necesidad de fijarse en la cantidad de años que tiene como pena esa acción, especialmente si están dentro de las cárceles en el país”.

María Del Mar Gallegos, también experta penalista y criminóloga, coincide que el anuncio es un tema de “populismo penal” y que si se pide la opinión del pueblo siempre va a optar por más castigos, más penas, más cárcel, mano dura, y “eso debe pasar por análisis técnicos y procesos”, situaciones que contribuyen al hacinamiento que actualmente se intenta combatir.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), hoy se cuenta con un hacinamiento del 14 %, pero esta cifra aún puede incrementarse, debido a que no se ha realizado el censo penitenciario en el que se clarifique la cantidad real de presos en las 36 cárceles del país.

“Tenemos reformas que se tratan en la Asamblea, por ejemplo: el uso progresivo de la fuerza, el Código de Seguridad del Estado, cambios en el Código Integral Penal (COIP), que de alguna manera se están dando las herramientas para tomar el control y la seguridad de un país. La cosa es, ya está en la normativa, solo hay cosas que mejorar”, indica Gallegos.

Para la jurista ir a las urnas sería una medida más lenta y que no respondería a las urgencias que se piden resolver. “Si es que llega a salir el sí, porque ante este tipo de preguntas muy pocos se van a oponer, tiene que reformarse la norma existente y ahorita que están a las puertas de sacar nuevas leyes y reformas al COIP provocará inseguridad jurídica y pasaremos pensando en reformas que son reactivas y no en la verdadera solución de los problemas”, dijo.

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De su lado Juan José Hidalgo, experto en cultura de paz, sostiene que es un “gasto inútil en una pregunta que es obvia” y que no va a resolver el problema ni siquiera a largo plazo porque se necesita de muchos elementos y verificar los acuerdos y normativas internacionales para llegar a cumplir lo que quisieran proponer.

Egred, Gallegos e Hidalgo sugieren que lo ideal es trabajar inmediatamente en acciones preventivas y de inteligencia, porque ya están determinadas en la Constitución las competencias de cada entidad y son ellas las que deben corregir su accionar frente a la realidad que se presenta en las cárceles.

La población penitenciaria en Ecuador es de 40.108 personas. Dato que llegó a ser revelado después de que se presentó en febrero pasado la política pública de rehabilitación social, pero que también alertó que carecen de indicadores como la salud de los presos, incluida la de tipo mental.

“Por algo se elige a las autoridades, para que trabajen en resolver situaciones. Lo electoral ya pasó y si se vuelve a las urnas se politiza el tema y se pierde el sentido” acotó Hidalgo.

Con relación a las medidas de mediano y largo plazo, los expertos reiteran que se trata de un tema de equidad social y que se debe potenciar el combate de la pobreza extrema, el consumo de drogas, la falta de oportunidades laborales, de estudio y más. Situaciones que “tampoco se resuelven con una consulta popular”.

Hasta mientras, Carrillo argumentó que para reducir los niveles de inseguridad se ejecutan acciones de inteligencia penitenciaria, programas de reinserción social, entre otros.

Los jefes de bandas están lejos de firmar la paz

Los miembros de la comisión de pacificación para las cárceles anunciaron en su informe trimestral que los integrantes de las organizaciones delictivas que se encuentran al interior de las prisiones no firman un acuerdo de paz por la desconfianza mutua.

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Así también se expresa que hay un descontento con ciertos líderes y su forma de “dirigir el territorio”, esto por los sistemas establecidos dentro de los centros de reclusión. No obstante, reconocen que hay una aparente tregua entre las bandas porque no quieren que sus familiares estén preocupados de las situaciones de violencia que se pueden dar en las prisiones. Uno de los principales pedidos de los convictos es que se garantice la asistencia psicológica, especialmente a los presos que permanecen en los sitios donde se han registrado masacres en 2021 y 2022. Así también que se otorgue las respectivas atenciones médicas y acceso a medicinas.