Las cárceles están abarrotadas por microtraficantes. Es la versión oficial. Tres de cada 10 presos en el país lo están por tráfico al menudeo, según el Servicio de Atención a Personas Presas.

Lejos de los datos está lo humano. De cerca, la tabla de drogas que sirve para identificar al expendedor y al adicto no parece dibujar esa frontera con tanta exactitud. “Es que si vendes también consumes”, dice Henry, de 21 años. Él es miembro de un grupo de Narcóticos Anónimos que funciona en el Centro Histórico de Quito.

Hoy está ‘limpio’, pero hace seis años, cuando apenas era adolescente, aprendió sobre gramos, leyes penales y procedimientos policiales. “Si te cogen, dices que es para consumo interno. Debes llevar una pipa en la mochila y un certificado de una clínica de adicciones, me decían mis amigos”.

Por años, Henry, confiesa, que siguió al pie de la letra las recomendaciones de quienes la abastecían y fiaban, a cambio de que vendiera a sus compañeros del colegio y del barrio.

Pero en 2018, antes de llegar a la mayoría de edad, fue arrestado por llevar en su mochila 1,6 gramos de clorhidrato de cocaína. Eran 12 dosis envueltas en hojas de papel de cuaderno.

Según la tabla de drogas, la cantidad no era para consumo personal. Lo situaba como traficante en mediana escala.

En Guayaquil, una madre cuenta que su hijo lo llama desde la cárcel llorando casi todas las noches. “Me dice que lo quieren matar, que lo ayude”. No sabe si se trata de una amenaza real o algún episodio psicótico por uso de drogas.

La mujer cuenta que su hijo está preso por robo y que su adicción lo llevó allí. “Con lo que robaba compraba droga. Pero su nivel de adicción es bien alto, necesitaba meterse la H cada dos horas”.

Ni para ella ni para Henry, la tabla ha servido para evitar que una persona adicta esté detenida. “Mi hijo necesita un tratamiento médico, no seguir drogándose con otros presos”.

En la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea, la aplicación de la tabla de drogas genera más preguntas. ¿Ha servido? Geraldine Weber, del Partido Social Cristiano, quiere eliminar el instrumento. Su argumento es que ha permitido el aumento del consumo y del microtráfico en los barrios.

El mismo criterio comparte el presidente Guillermo Lasso. En enero, cuando era candidato, propuso su eliminación. Dijo: “ha promovido el microtráfico en las escuelas y colegios. Vamos a proteger el futuro de nuestros niños y jóvenes”.

Patricia Núñez, de la bancada Unión Por la Esperanza (UNES), dice que como instrumento legal ha servido para que los jueces condenen proporcionalmente, según la cantidad en posesión y que a la tabla se deben incluir otras herramientas como exámenes toxicológicos. Pero antes de decidir si ha servido para diferenciar al adicto del traficante señala que se necesitan de más datos. Por ejemplo, la cantidad de detenidos por drogas ha crecido desde el 2015, un año después de la vigencia del Código Integral Penal en donde se estableció las escalas del tráfico de narcóticos. Los internos pasaron de 2.359 en 2015 a 7.934 hasta el 11 de agosto de 2021.

El consumo también creció. Erick Benítez, subdirector Nacional Antinarcóticos, dice que esto, a falta de una encuesta de consumo, ya que la última se hizo en 2014, el uso de drogas se mide por la cantidad de sustancia aprehendida para consumo interno. La Dirección Antinarcóticos detalla que en 2019 se incautaron 15,8 toneladas, para 2020 fueron 18,3 toneladas y de enero a agosto de este año ya se han confiscado 12,6 toneladas que iban a ser vendidas en las calles y colegios.

“El 2020, pese a que estaban cerradas las fronteras, había toques de queda, no había clases ni estaban abiertos los centros de diversión, pese a todo esto, creció la incautación, es decir la demanda para el consumo interno”, agrega Benítez.

En Quito, Henry dice que el tiempo recluido en un centro para menores infractores vio cómo otros muchachos se prostituían a cambio de una dosis. Fue un baño de realidad que lo hizo recapacitar y buscar una clínica de rehabilitación privada, ya que “en las públicas solo dan paracetamol”.

LA CIFRA

18,3

toneladas de droga para el consumo interno fueron incautadas en 2020. Significa 2,5 toneladas más que en el 2019. La demanda creció pese al año de pandemia.

El 70 % de los internos jóvenes ha consumido

La población carcelaria tiene problemas de consumo de drogas. Según el Organismo Técnico de Sistema de Rehabilitación Social, hasta mayo pasado el 35 % de los internos consumió drogas o alcohol en las seis horas antes de cometer un delito. “En el caso de los jóvenes internos se muestra una mayor prevalencia de consumo, ya que el 70 % de ellos afirma haber consumido sustancias ilícitas, frente a un 53 % de los mayores”, indica la entidad. Estos mismos jóvenes presentan relaciones con familiares inmersos en delincuencia y en el uso de sustancias.