Al menos 5.000 prelibertades estarían represadas en el sistema carcelario ecuatoriano que al momento tiene alrededor de 40.000 personas privadas de la libertad.

Su tramitación, junto con una parte de las alrededor de 1.800 repatriaciones de extranjeros detenidos, permitiría reducir el hacinamiento carcelario en un 15 %.

Esa es una de las aspiraciones de las autoridades que iniciaron un proceso de reestructuración del sistema, tras el último motín registrado en cárceles de Guayaquil y Cotopaxi que dejó 27 reos asesinados, más de 50 heridos, una mujer policía violada y más de 120 reos fugados.

El gobernador de Cotopaxi, Oswaldo Coronel, informó a EXPRESO que el beneficio penitenciario que se da cuando un reo ha cumplido alrededor del 60 % de la pena y de acuerdo con varios parámetros como buena conducta pueden ser sujetos del beneficio de la prelibertad. En esa condición estarían unos 5.000 internos.

El inconveniente al momento, explica el funcionario, es que no hay el suficiente personal para las evaluaciones y un proceso engorroso habría impedido que muchos que debían salir libres no lo puedan hacer.

Habrá una revisión detallada de casos, conforme lo ha anunciado el presidente Guillermo Lasso y la excarcelación se produciría solo cuando se haya cumplido los requisitos y con la Defensoría Pública.

El otro rubro que aportaría a ese 15 % son las repatriaciones. En esa condición existirían entre 1.800 y 2.000 reos. Pero, haría falta la voluntad del Estado del que son originarios.

Para el penalista Julio César Cueva, esa sería una de las maneras correctas de hacerlo, tanto para el que le compete dar la prelibertad, como para el que le corresponde, con base en los tratados que tiene el Ecuador, disponer repatriaciones para que un preso extranjero cumpla su pena en su lugar de origen, cerca de su familia.

El experto agrega una tercera opción. “Hay que solicitar la colaboración de la Función Judicial en términos de que se revisen las prisiones preventivas que han sido dictadas de forma abusiva”, indica.

Añade que “en el Ecuador tenemos aproximadamente un 25 % de personas que están privadas de libertad con prisión preventiva, de las cuales yo le aseguro que no menos del 80 % o 90 % pudieran ser otras medidas no privativas de libertad”.

Considera que las tres recomendaciones son necesarias de hacer, “porque no solo ayudan a bajar la sobrepoblación en las prisiones, sino que le quitan al Estado el peso de tener que mantener a estas personas privadas de libertad y hacerse responsables de ellas”.

Estima que si se ejecutan las acciones la sobrepoblación bajaría en un 30 o 35 %.

Itania Villarreal, directora del expenal García Moreno, precisa que los requisitos para la prelibertad son cumplir el 60 % de sentencia condenatoria ejecutoriada. Además debe haber un informe de valoración que tenga como promedio mínimo durante la ejecución del plan individualizado del cumplimiento de la pena. Además requieren certificados, documento del domicilio fijo en el que residirá.

En la cárcel de Tulcán se encontraría el mayor número de extranjeros y con atenciones sin atender. “Sería importante que el Gobierno a través del director del SNAI se haga un acercamiento de la Cancillería al Consulado de Colombia para determinar el número real de privados de la libertad y que se hagan acreedores a ese beneficio”. MCV/MAS/SO

Factores que avivan la crisis

El Directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social ha identificado siete problemas que agravan la crisis carcelaria. El primero es el hacinamiento y la sobrepoblación. Otras cinco amenazas son las deficientes condiciones de reclusión, sobre todo en la provisión de servicios básicos como agua potable, luz o sistemas de saneamiento. En la lista también está la violencia, la presencia de organizaciones delictivas, las economías criminales; y los flujos ilícitos de armas, drogas y objetos prohibidos. Como séptimo problema, y no de los más relevantes, es la corrupción. El Directorio ha encontrado una “fácil permeabilidad corruptible de los trabajadores, en función de sus salarios versus las ofertas de corromperse a servicio de la actividad criminal”. La corrupción también alcanza a funcionarios encargados de otorgar medidas de prelibertad o libertad controlada lo que produce impunidad. SO

El viernes se sabe el costo de los daños en la cárcel de Cotopaxi

Las autoridades que ingresaron a la cárcel de Cotopaxi entre el viernes y sábado encontraron una ‘zona de guerra’, señaló el gobernador Oswaldo Coronel.

El costo de los daños provocados por el amotinamiento del miércoles que dejó 19 fallecidos en ese centro carcelario con alrededor de 5.500 reclusos se conocería recién este viernes.

Eso tras las valoraciones que hará el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y ESPE Innovativa. Habrá reconstrucción y readecuación de las áreas dañadas, muros, puertas, filtros y otros espacios del centro carcelario.

Se elevarán las torres y se harán pasadizos entre ellas. Desde el viernes se inició la remoción de escombros. Hubo al menos 12 volquetas proporcionadas por el Municipio de Latacunga que contribuyeron en esas tareas.

Las labores alcanzaron también la evacuación de unas 18 volquetas de basura que se había acumulado en un espacio del centro en donde proliferaron los roedores. El director del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Fausto Cobo señaló en una radio capitalina que la que ha asumido es una tarea dura, pero dijo que confía en el compromiso del presidente Guillermo Lasso de recuperar el control en las cárceles.

De los más de 120 fugados de esa cárcel han sido recapturados 87 privados de la libertad. Quedan 44 por localizar y la Policía ya dispone de sus fichas para hacerlo. MCV