La salida de Juan Carlos Zevallos del Ministerio de Salud parece haber marcado un antes y un después en el proceso de compra de vacunas para la COVID-19 en el país, cuyos términos, dijo él en varias ocasiones, no era posible revelar por los “acuerdos de confidencialidad” que se mantenían con las farmacéuticas.

¿La cantidad de dinero que Ecuador ha entregado a cada farmacéutica? Secreto. ¿El número de vacunas que se entregarían en cada cantón y provincia? Secreto. ¿La lista de los vacunados? Secreto. ¿Los funcionarios inmunizados? Secreto.

Sin embargo, ahora, con la llegada del nuevo ministro las condiciones y términos de confidencialidad parecen flexibilizarse, especialmente ahora que el mismo presidente Lenín Moreno, quien aplaudió la gestión opaca de Zevallos, dice que la postura del Gobierno es “que se entregue toda la información a la autoridad competente”.

Según el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, Salud se ha negado a darles la lista de los vacunados y a proporcionar datos sobre los carnés de discapacidad fraudulentos que se emitieron.

Zevallos también había dicho que AstraZeneca, Sinovac y Pfizer le habían enviado “advertencias” que impedían a los gobiernos locales y empresas comprar directamente a las farmacéuticas; pero la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, ha anunciado que dos de ellas se han acercado al Cabildo para ofertar sus vacunas.

“Con respecto al anterior ministro de Salud, (él) ya es ex y a los ex no se les hace caso”, respondió con gracia Viteri cuando este Diario le preguntó el martes por esos supuestos impedimentos.

Pero hay más. La alcaldesa anunció ayer que el proceso de vacunación que pretenden iniciar tras el aval del Gobierno será transparente. “Todo el proceso tiene veedores, es público, es transparente y se contratará a una auditoría externa. Ustedes sabrán cuánto costó cada lote de vacunas, de qué casa es y a quiénes van dirigidas, con número de cédula, nombre y publicación. Todo”, zanjó, aunque inmediatamente después de eso agregó que “se debía considerar” que el proceso de compra pública iba a llevarse a cabo con “todas las restricciones que las farmacéuticas ponen”, sin especificar cuáles.

Para que Guayaquil pueda comprar las vacunas necesita “un aval de Gobierno” que, según Vicente Taiano, coordinador del proceso, debe llegar “por medio de un decreto ejecutivo” que abra la posibilidad de que todos los municipios hagan lo mismo o, en el caso puntual de la ciudad, que llegue por delegación. “Una vez que tengamos esa respuesta podremos arrancar”, señaló.

Sin embargo, la alcaldesa había dicho un día antes que de ninguna manera están pidiendo la competencia de salud, pues ellos lo que quieren es “unirse” al proceso que ya está realizando el Gobierno en la ciudad.

Sin esa autorización, que se espera llegue “entre esta y la próxima semana”, el Municipio no podrá realizar la compra, pues es un requisito que las farmacéuticas le han pedido para seguir adelante con las negociaciones.

Otra autorización que necesitan es la de Arcsa (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria), ya que la vacuna rusa Sputnik V que el Cabildo quiere adquirir no está autorizada para ingresar al país, a diferencia de la de Sinovac y la de AstraZeneca. Zevallos dijo que Ecuador no iba a “importar vacunas que no tengan las certificaciones” de la FDA o la EMA, pero Viteri aseguró ayer que han recibido “toda la apertura” de las autoridades nacionales para realizar ese trámite.

La empresa privada también podrá sumarse a este proceso y adquirir vacunas para su personal, a diferencia de lo que ahora está haciendo con el Gobierno. Pero no podrán pagar por ellas. Taiano dijo que analizan hacer algún tipo de trueque. “Podemos cuantificar el apoyo de la empresa” y en función de eso, ellos pueden “acceder a un número de vacunas”.

OTROS DATOS

• Vicente Taiano explicó a este Diario que AstraZeneca tiene un mayor número de dosis disponibles y esperan comprarle al menos 500.000 de los dos millones.

• Las dos millones de dosis llegarán en varios lotes durante un mes y medio.

• Según Taiano, firmarán un contrato de compra pública con las farmacéuticas dentro de la emergencia declarada.