Bebés fallecidos en el Hospital Universitario: Defensoría pide respuestas urgentes
El delegado provincial del Guayas solicitó informes y documentos sobre el caso en un plazo de tres días
La Defensoría del Pueblo del Guayas investiga el fallecimiento de neonatos en el área de Neonatología del Hospital Universitario de Guayaquil. Según trascendió, 18 bebés habrían muerto por la presunta falta de insumos médicos esenciales; sin embargo, el Ministerio de Salud Pública (MSP), a través de un comunicado, reconoció únicamente 12 decesos y por otras causas. El hecho, según denuncias, estaría vinculado a la presunta falta de insumos médicos esenciales para su atención.
El oficio DPE-DPGYS-2025-0971-O, firmado por el defensor del pueblo Gonzalo Ortega Pacheco, al que EXPRESO tuvo acceso, fue remitido el 9 de agosto de 2025 a la coordinadora zonal 8 de Salud, Karla Jiménez, y al gerente encargado del hospital, Hugo Hernández (a quien el ministro de Salud, Jimmy Martin, solicitó la renuncia), requiriendo información urgente.
Pedido de informes sobre el caso
En el documento, Ortega Pacheco invoca el artículo 215 de la Constitución, que establece el rol de la Defensoría en la promoción y protección de los derechos humanos. “Entendiendo la gravedad de los hechos (…) se inicia de oficio el presente trámite defensorial de gestión oficiosa”, señala el oficio.
La petición incluye un informe pormenorizado sobre las circunstancias de las muertes, así como detalles de las condiciones del personal, recursos económicos, infraestructura y equipamiento hospitalario en que se produjeron los decesos.
Documentos y protocolos solicitados
El delegado exige copia certificada de los análisis ambientales microbiológicos y de las historias clínicas de los 18 neonatos. Además, pide el detalle del stock de insumos médicos para la atención neonatal con el que cuenta actualmente el hospital.
Otro punto clave es la entrega de información sobre las acciones y protocolos adoptados para evitar que hechos similares se repitan. “Toda aquella documentación que sirva como elemento probatorio de sus dichos” también debe ser remitida, precisa el documento.
Plazo y obligación de respuesta
La Defensoría ha dado un plazo de tres días para la entrega de la información. Ortega recuerda que, según la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, “todas las instituciones del Estado (…) están obligadas a colaborar” en este tipo de procedimientos.
En el oficio también se cita que el acceso a información reservada o confidencial no puede ser negado, siempre que se mantenga la misma reserva o confidencialidad.
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