Desde el mirador de la Virgen del Panecillo, un solemne Rafael Correa con cara de circunstancia mira hacia el horizonte, por donde avanza la Historia con mayúsculas: la toma es aérea y gira en redondo, mostrando los diferentes paisajes de la capital con él en el centro, ombligo del mundo, alfa y omega de la revolución. Tomas espectaculares de playas, selvas y montañas; imágenes de niños y mujeres de todas las etnias de la patria; planos secuencia de carreteras y hospitales, escuelas y puertos, centrales eólicas y refinerías, grandes obras de infraestructura, cemento y más cemento... Tomas a vista de pájaro del cerro de Montecristi, del puente de Bahía de Caráquez, del palacio de Carondelet con su gran bandera tricolor… Gran arte cinematográfico, realización exquisita, presupuestos ilimitados para la producción y el trabajo de campo, un banco de imágenes que incluye planos captados en Costa, Sierra, Amazonía y la región Insular: los videos de propaganda electoral de Luisa González son carísimos a primera vista, los más caros de toda la campaña sin la menor duda, y se producen en masa como bollitos calientes. Esto debe costar una fortuna, salvo que gran parte de la factura ya está pagada. No por el correísmo, por cierto, sino por los contribuyentes ecuatorianos que, durante diez años, financiaron con sus impuestos un aparato de propaganda que no dejó de producir un día. ¿Dónde está ahora esa ingente cantidad de imágenes públicas pagadas con plata pública? Exacto: sirviendo a intereses privados.

Esta historia, la del asalto a los archivos y bancos de imágenes de la Secretaría de Comunicación y de otros organismos del Estado, no es nueva. Empezó hace, por lo menos, ocho años, cuando una película del documentalista Pocho Álvarez sobre la minería en Íntag fue retirada del YouTube debido a una demanda de derechos reservados interpuesta por el gobierno de Rafael Correa. El delito de Álvarez consistió en haber usado imágenes tomadas de… ¡una sabatina presidencial! Luego siguió la batalla legal que la Secom, en ese tiempo presidida por Patricio Barriga, trató de librar contra diferentes medios de comunicación por el uso de fotografías de los archivos digitales de la Presidencia de la República y de los ministerios: imágenes de funcionarios públicos en el cumplimiento de agendas públicas en espacios públicos, captadas por fotógrafos de esas dependencias (es decir, empleados públicos) con equipos comprados con dinero de sus presupuestos y alojadas en servidores alquilados con fondos también públicos. Patricio Barriga registró la propiedad intelectual de esas imágenes y, para hacerla valer ante los servidores de Internet, recurrió al servicio de firmas internacionales de abogados como Ares Rights, con sede en España y una sospechosa relación casi exclusiva con el gobierno del Ecuador. Todo en abierta violación de su propia Ley de Transparencia, según la cual “todo documento, en cualquier formato”, que se encuentre “en poder de las instituciones públicas” y que haya sido “creado u obtenido por ellas” o se haya “producido con recursos del Estado” es, por definición, “información pública”. Por tanto, “pertenece a los ciudadanos” y es de acceso gratuito. Es este proceso de privatización de la información pública, iniciada por el correísmo, el que concluye ahora en la campaña electoral de Luisa González.

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En aquella época, el primero en hablar directamente de “robo” fue el portal digital 4 Pelagatos, al que Barriga persiguió infructuosamente durante varios meses, tratando de sacarlo de circulación por esa causa: “El gobierno se está robando bienes públicos”, se titulaba la nota que publicó la redacción pelagata en febrero de 2016 para denunciar este abuso de la Secretaría de Comunicación. Y se planteaba una pregunta que quizá en ese momento nadie tomó demasiado en serio, pero que hoy resulta más pertinente que nunca: “Se ignora el destino que los ladrones han previsto para el objeto de su hurto. ¿Qué planes tienen? ¿Se llevarán esas fotos y esos videos consigo cuando esto haya terminado?”.

Hoy las cosas han tomado un paradójico pero no por ello menos predecible giro. Las imágenes públicas cuyo acceso público el correísmo pretendió penalizar por considerarlas de uso exclusivo del gobierno, se han convertido finalmente en lo que siempre pretendieron ser: propiedad privada de un grupo político. Esos sobrevuelos espectaculares de las cuatro regiones del país, ese archivo bastante nutrido de la riqueza natural y la diversidad cultural del Ecuador, sus pueblos y ciudades, sus obras de infraestructura y sus paisajes, ese banco de imágenes en video financiado por todos los ecuatorianos y creado a lo largo de diez años de funcionamiento del aparato de propaganda del correísmo no se encuentra en ninguna plataforma digital de acceso público. El registro histórico fotográfico de la presidencia de Rafael Correa, de aproximadamente 110 mil imágenes en el año 2016, cuando el gobierno reclamaba derechos reservados sobre ellas, quedó reducido a menos de la cuarta parte. ¿Dónde está el resto? ¿Quién se las llevó? Hoy volvemos a mirar, en la propaganda electoral del correísmo, las tomas del recorrido ciclístico del expresidente prófugo por las carreteras de la patria, grabadas cuando todavía era libre de transitar por ellas sin tener que esconderse de la Policía. Y eso está muy bien, esa era la idea, eso es precisamente lo que se quería: que cualquiera y no solamente el gobierno pudiera usar con libertad esas imágenes. Pero si alguien las requiriese para producir, por ejemplo, un video satírico; si alguna otra candidatura las necesitase para caricaturizarlas o burlarse de ellas, ¿dónde puede encontrar un respaldo digital en alta definición? Esas imágenes financiados por los ecuatorianos hoy son propiedad privada de un partido.

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Claro que, conociendo ahora todo lo que se ha descubierto desde 2016 hasta la fecha, Odebrecht y los sobornos, los sobreprecios y las intermediaciones petroleras, la plata botada en la refinería que no existe, en las hidroeléctricas que no sirven, en las infraestructuras que se hundieron, en las escuelas que quedaron abandonadas, en fin, considerando los miles y miles de millones de dólares que se hicieron agua, el caso de los archivos de imágenes públicas que fueron privatizadas sin rendir cuentas a nadie debe ser, probablemente, el menor de sus robos. Pero sin esas imágenes, todo el aliento épico de la revolución, esa estética nacionalista y grandilocuente de las tomas aéreas desaparecería de la campaña correísta y quedarían nomás Luisa González y Andrés Arauz almorzando en un mercado con trajes de borrego y gafas de payaso. Robo menor, ciertamente, pero de consecuencias incalculables.

Las mentirijillas de Luisa

Hablando de pecados veniales, la campaña de Luisa González está plagada también de mentirijillas que quizás parezcan inocentes, pero que terminan por configurar un perfil mitomaníaco de la candidata y su partido. Desde el primer día, cuando denunciaron una agresión con gas pimienta y luego apareció un video que lo desmintió. O el asunto del atentado con artefacto explosivo en Huaquillas, que resultó ser (otro indiscreto video vino a demostrarlo) una camareta lanzada por un militante. Y el hecho de que la candidata resulta ser cada vez menos manabita de lo que pretende. Primero se encontró que había nacido en Quito; ella lo justificó diciendo que sus padres estaban de paso pero creció allá. Ahora resulta que también hizo la escuela en la capital. Y lo nuevo: no aparece su tesis de grado. ¿Se graduó?