Avanza la reestructuración del Estado, pero persisten dudas y pasos pendientes

El plazo para la fusión de los ministerios y secretarías vence este mes, pero el desarrollo del proceso no ha sido claro. Desde el pasado 24 de julio, cuando la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, anunció la reducción de las entidades públicas de 20 a 14 ministerios y de 9 a 3 secretarías, los avances del denominado Plan de Eficiencia Administrativa no han sido visibles. 

Las últimas disposiciones fueron las designaciones de los titulares de ocho entidades. Aquellos nombramientos se dieron al establecer “la nueva entidad resultante de las fusiones”, según se señala en los distintos decretos firmados por Daniel Noboa el 16 de septiembre.

Designaciones y ajustes de personal en ministerios

Luego, el Ministerio de Trabajo anunció un plan piloto para evaluar a los funcionarios públicos. También, la ministra de Economía, Sariha Moya, explicó en una entrevista con Teleamazonas que parte del proceso consiste en ajustar el personal de las coordinaciones jurídicas, administrativas y financieras para evitar la duplicidad de funciones en las entidades fusionadas. Añadió que los funcionarios que permanezcan en sus cargos deberán manejar aspectos de los ministerios resultantes.

El expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Santiago García, considera que el proceso “ha ido rápido”. No obstante, menciona varios puntos pendientes. Uno de ellos es concluir los estatutos de cada ministerio, pero también “cuáles son las prioridades de cada entidad, ¿cuál será el rumbo?, ¿lo marcará el Plan Nacional de Desarrollo? La institucionalidad de la planificación no está constituida; parece que prima la reducción del personal”, afirma.

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Impacto en ahorro y riesgo de desvinculación

“Ya se han dado algunos pasos en la consolidación de los ministerios y de la masa salarial, pero no está claro cuánto será el ahorro por la supresión de partidas de personal”, señala Pablo Hidalgo, catedrático e investigador de Economía de la UIDE. Si bien Moya habló de la reducción del personal de apoyo, según el experto en macroeconomía, existe el riesgo de que se desvincule a “personas que generan valor a las instituciones, gente con mucha experiencia en el sector público, que pueda lograr que las acciones del Gobierno se ejecuten. Hay un costo de oportunidad bastante alto; se debe evaluar el tipo de burocracia que quedará”, observa.

Decretos para la fusiones

El Ejectivo dio las directrices para que los ministerios absorban a otras carteras de Estado vía decreto, con base en los informes de pertinencia estratégica y jurídicos, así como con los dictámenes favorables de Finanzas.

Allí, Noboa ordena que se separen las funciones y que los proyectos, programas, partidas presupuestarias y bienes del ministerio desaparecido pasen a la cartera de Estado fusionada. “Lo que se concluye es que todo el proceso recae en las propias entidades inmersas.

Ellos son los responsables, quienes luego enviarán todos los cambios al Ministerio de Trabajo”, acota García. Según dispuso el presidente Daniel Noboa, la secretaria de la Administración Pública, Cynthia Gellibert, es la encargada de supervisar la reestructuración del Estado ecuatoriano. 

Uno de los temas que preocupa a los expertos es el rol del fusionado Ministerio de Ambiente y Energía. Uno debe manejar la transición ecológica y el otro el extractivismo. “¿A quién va a responder, a las inversiones extranjeras o al cuidado del medio ambiente y del agua?”, cuestiona Hidalgo. “¿A qué sector dará prioridad, qué unidades administrativas se suprimirán y cuáles se fortalecerán?”, pregunta García.

Despidos y compromisos con el FMI

Otro punto, en el que coinciden, es que los despidos aún no concluyen. Se conoce que este mes hubo más desvinculaciones y que el viernes pasado trascendió que funcionarios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) fueron notificados sobre sus separaciones.

El documento de sostenibilidad fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que “en gastos por sueldos y salarios, hasta 2028, debe reducirse un 1,2 % del PIB. El compromiso con el fondo es de unos $1.300 millones, pero solo en la reducción de los 5.000 (en julio) se apuntaba a $100 millones, es una cifra que preocupa”, indica García.

Se mantendrán, aunque con cautela, “para no generar un estallido social, pero en diciembre se podrá ver un movimiento importante por las evaluaciones y porque en el sector público hay contratos que terminan el 31 de diciembre”, finaliza Hidalgo.

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