La pandemia de COVID retrasó la resolución de más de una docena de casos mediáticos. Entre ellos se encuentra el de la prefecta de Pichincha Paola Pabón por presunta rebelión, que se habría registrado en las violentas protestas de octubre. La audiencia preparatoria de juicio debía desarrollarse ayer a las 09:30.

La inasistencia de Fausto Jarrín, uno de los abogados del caso, dio paso a que la diligencia se declare fallida. Se volvió a convocar para este viernes 21 de agosto. Según la Fiscalía, la ausencia del defensor fue injustificada. Pero Pabón señaló que se presentaron justificativos como un acta de defunción de un familiar del abogado.

Además de Pabón, por el caso fueron investigadas tres personas más. El dictamen acusatorio, sin embargo, se iba a presentar para la prefecta, su asesor Christian González y el exasambleísta Virgilio Hernández. Los tres son miembros de la Revolución Ciudadana y llegaron al Complejo Judicial Norte con la esperanza de su sobreseimiento.

Pabón señaló que abrigan “la posibilidad de que en este país exista justicia. Queremos justicia sin presión, sin extorsión, que no se utilice para perjudicar a los adversarios políticos”.

Reiteró que han enfrentado un proceso que primero fue por rebelión armada, luego solo por rebelión, “sin un solo indicio, a propósito de las manifestaciones espontáneas y ciudadanas que se dieron en octubre”.

A consecuencia de esas manifestaciones espontáneas, convocadas inicialmente por los taxistas y sostenidas por el movimiento indígena, que paralizó el país por 11 días, se reportó que hubo casi una decena de muertos y cientos de heridos, además de civiles, aunque en su mayoría fueron policías y militares.

Adicionalmente, a los uniformados les tocó afrontar una nueva modalidad de protesta que empleó explosivos, artefactos cortopunzantes caseros, hubo secuestros, retenciones públicas, amenazas y daños a la propiedad, que concluyeron con el incendio de la Contraloría. Por este último hecho se abrieron varios expedientes, pero no existen detenidos ni responsables de los daños.

Pabón dijo que espera que la justicia actúe en derecho y que además del sobreseimiento, se retiren las medidas cautelares, el dispositivo electrónico, la orden de presentación periódica, la prohibición de salida del país y el bloqueo de cuentas y “que se resarza el daño que se hizo en octubre a nuestros nombres”.

Hernández asegura que, de las acusaciones que hizo la Fiscalía en octubre, nada se ha probado. Recuerda que fueron acusados de conspiración internacional; que los sospechosos habían contratado a venezolanos para generar violencia, y además a delincuentes para provocar caos; y que la acusación de rebelión debió ser de tal magnitud que tuvieron que haber participado directamente. Insistió en que nada de eso se ha probado.

“No creemos en la violencia como mecanismo de discusión y lucha política”, aseguró Hernández. Otros casos que esperan audiencia son el del informático sueco Ola Bini y el del exsecretario del Agua Wálter Solís, acusado de peculado.

Actos vandálicos

La protesta excedió derecho a resistir

Para la Fiscalía de Pichincha, los actos registrados en octubre de 2019 “sobrepasaron el derecho a la resistencia” que ampara a los manifestantes. La violencia de las manifestaciones de octubre motivó actos urgentes que derivaron en interceptaciones telefónicas. 

En ellas se habría evidenciado una supuesta planificación y la disposición de salir a protestar. Solo la Fiscalía y los procesados saben qué contiene el expediente porque el caso se declaró reservado. 7 años de cárcel es la pena máxima para quienes sean declarados culpables de rebelión.