El Pleno de la Asamblea descubrió el agua tibia: la economía ecuatoriana está en crisis. La proforma presupuestaria para el año 2020, que el 27 de noviembre fue objeto de un maratónico debate, no es alentadora para nadie. Con un crecimiento previsto de apenas el 0,57 % (tan solo Venezuela y Argentina están peor en la región, así de mala está la cosa), todas las cifras tienden a la baja. Aprovecharon los legisladores de todas las bancadas (los correístas con especial enjundia) para rasgarse las vestiduras por tan mal predicamento y, al filo de las 21:00, decidieron con 84 votos a favor y 16 en contra (básicamente, la bancada socialcristiana) observar la proforma en 17 puntos y devolvérsela al Ejecutivo.

Ahora Carondelet tiene un plazo de diez días para volver a enviar una proforma presupuestaria a la Asamblea; y esta, una sola oportunidad para aprobarla. Puede, también, ratificarse en sus observaciones, pero necesitará para ello ya no 70, sino 92 votos.

En el centro del debate, un eufemismo: “monetización”. Es la palabra que decidió usar el Ejecutivo para evitar contarle a la Asamblea (y al país) lo que pretende hacer con un paquete de empresas públicas: la hidroeléctrica Sopladora, CNT, el Banco del Pacífico… ¿Venderlas? ¿Concesionarlas? Sea lo uno o lo otro, el gobierno espera sacar dos mil millones de dólares de ellas y así lo hizo constar en la proforma. Entre los asambleístas hay quienes se oponen, quienes piden explicaciones y, sobre todo, quienes ven en esos dos mil millones el posible hueco negro de la proforma. ¿Qué pasa si no se consiguen? No sería la primera vez: el año pasado, hubo una expectativa similar de monetización de activos que nunca se cumplió. Si la historia se repite en el presupuesto del 2020, las necesidades de financiamiento alcanzarían la cifra (“escalofriante”, dijo Homero Castanier, de CREO) de casi nueve mil millones de dólares. 

En consecuencia, la necesidad de contar con un plan de contingencia por si los esperados dos mil millones no llegan a “monetizarse”, es una de las principales observaciones del Pleno a la proforma. Otras tienen que ver con temas metodológicos (la necesidad de contar con mediciones más precisas sobre la ejecución real del presupuesto); fiscales (se le pide al Ejecutivo una estrategia para reducir la evasión, la elusión y el contrabando); de racionalización de gasto (se le exige implantar mejoras en los procesos de compras públicas); y de cobertura de partidas específicas: los fondos para financiar las políticas públicas sobre violencia contra las mujeres; los correspondientes a prevención de uso de drogas; las asignaciones para Solca, etc.

Otro de los temas recurrentes durante el debate fue la disminución de las asignaciones para la educación superior. Con una pequeña manifestación de estudiantes en las puertas de la sede legislativa (el pedido del correísta Mauricio Zambrano para que sus representantes fueran recibidos en comisión general no fue escuchado por la Presidencia), el presupuesto universitario fue uno de los principales motivos de queja. Para los correístas, uno de tantos: como si no se contaran ellos entre los principales artífices del bloqueo (en la calle y en el Pleno) de las medidas económicas del gobierno, ahora encuentran “inadmisible”, así dijo Zambrano, que se pretenda reducir la nómina de servidores públicos, que se pretenda vender o concesionar activos del Estado, que la cifra de recaudación de impuestos caiga, en fin, que no haya plata para nada y “se incumpla con el plan de gobierno por el que se votó”.

Que el problema de la deuda (cuyo servicio absorbe el 40 por ciento de los ingresos) es culpa de Lenín Moreno, dijo el correísta Juan Cárdenas: “Una cosa -pontificó- es el crédito orgánico que se transformó en obras reales; otra, un endeudamiento que nadie sabe para qué ni dónde está”.

Fernando Callejas, de CREO, les puso en su sitio. Les recordó que la debacle financiera del Estado empezó con ellos. Y por ellos. Mae Montaño fue más ácida: “gastaron, nos robaron, nos endeudaron y ahora reclaman”, dijo. De ahí no pasaron los encontronazos políticos de una jornada árida y espesa como el tema al que estuvo dedicada.

Ejecución

En qué se gastó en 2019

Hasta el momento el gobierno ha ejecutado 28.904 millones de dólares de los 35.529 millones del presupuesto de este año. De esos, 7.831 millones se usaron para sueldos del sector público, cifra que subirá dramáticamente en diciembre. En pago de servicios corrientes del Estado: 5.874 millones de dólares. En servicio de deuda: 4.263 millones.