Lo de ayer no tuvo precedentes: el Pleno de la Asamblea estuvo a punto de invocar el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución (no precisamente para uso de los poderes del Estado, pero aquí nadie se fija en detalles) y declararse en rebeldía. ¿Contra quién? Contra la Corte Constitucional, nada menos. Se discutía el veto presidencial a un proyecto de ley que había sido aprobado por unanimidad por el Pleno pero al que la Corte, cuyas resoluciones son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, declaró inconstitucional. Había que archivar el proyecto pero, como la ley en cuestión era de aquellas extremadamente populares, nadie quería: todo parecía indicar que la Asamblea iba a entrar en desacato. Para evitarlo, César Solórzano, a cargo de la Presidencia, no tuvo más remedio que suspender la votación. Una difícil negociación quedó pendiente.

Se trata de la ‘Ley Revaas’, propuesta por Lourdes Cuesta, que pretendía crear un registro nacional de violadores de niños, niñas y adolescentes con sentencia ejecutoriada. La Corte Constitucional determinó que semejante registro es incompatible con el sistema de rehabilitación e incurre en discriminación de personas en función de su pasado judicial (algo que la Constitución prohíbe expresamente),

Los extremos se juntaron contra la Corte Constitucional: ultraconservadores y correístas la acusaron de soslayar el derecho superior de los niños y de proteger a sus violadores. “Los pobrecitos violadores”, ironizó Cuesta: “La Corte Constitucional -opinó- nos dice que tenemos un sistema de rehabilitación donde van los violadores de niños y salen curaditos, no donde se juega fútbol con la cabeza de los presos. Entra el violador y sale santo”.

Asambleístas de todas las tendencias la apoyaron: Héctor Muñoz (SUMA) propuso limitar la capacidad de la Corte de ejercer su control constitucional cuando las decisiones de la Asamblea sean unánimes; el correísta Franklin Samaniego recordó que a la discusión de la Ley Revaas asistieron numerosos funcionarios del Estado y no opusieron reparos; César Rohon (PSC) sostuvo que la única alternativa que le quedaba a la Asamblea era incrementar las penas, y desempolvó la vieja propuesta ultramontana de la castración química para violadores… Solo los oficialistas callaron.

Fue Roberto Gómez (CREO) quien pateó el tablero: “La ley que hemos aprobado -dijo- es justa, es constitucional”. “Esta Asamblea no tiene por qué aprobar el archivo. Así sea como expresión de rechazo político”. Invocó el “derecho a la resistencia”, y propuso que era preferible dejar la ley “congelada”, “en el limbo”, que “darle el tiro de gracia”. “Mociono que este debate quede abierto”, finalizó, pero ni la Presidencia calificó tan extraña moción ni él tuvo el convencimiento de defenderla.

Sin embargo, Lourdes Cuesta le siguió la corriente: “Como ponente -dijo- me toca mocionar el archivo. No lo voy a hacer. Me acojo al artículo 98 de la Constitución y me declaro en resistencia”. Para ese momento, el salón del Pleno era un caos de voces, consultas, correteos, idas y venidas. Cuando Wilma Andrade tomó la palabra para llamar a la cordura, recordar que las resoluciones de la Corte Constitucional son vinculantes y reflexionar sobre la gravedad de que la Asamblea entrara en desacato, nadie le estaba escuchando. “Mociono el archivo de la ley, bajo protesta”, dijo Andrade, y esa moción sí fue calificada por César Solórzano, que expresó su acuerdo. Pero el debate hace rato se le había ido de las manos, así que prefirió dejar la votación para otro día.

También se aplazó, al filo de las 22:00, la votación sobre el veto presidencial al Código Penal, cuyo debate tuvo un lado folclórico: la presencia de una barra de galleros que asistieron para presionar a favor de la despenalización de sus prácticas. Ganaron de antemano: al menos la mitad de las intervenciones les fue dedicada. Populismo puro y duro: si los toreros fueron montuvios, tendrían a la Asamblea en el bolsillo.